Contraloría: importancia y propuestas para una nueva Constitución, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

La Contraloría General de la República (“Contraloría” o “CGR”) -órgano de rango constitucional autónomo en la actual Constitución- detenta una función crucial para el derecho constitucional moderno, especialmente en el control del actuar de la Administración del Estado frente al ciudadano. En concreto, realiza la esencial función de ejercer el control administrativo externo, para la juridicidad de los actos de la Administración, y de fiscalizar y examinar las finanzas del Estado. Sin responsabilidad y control, no cabe hablar de Estado Constitucional de Derecho, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo que lleva por título “Contraloría: importancia y propuestas para una nueva Constitución”.

Luego de una breve reseña histórica sobre la Contraloría en Chile y de describir su actual regulación, específicamente, sus funciones, los requisitos para ser electo Contralor General, el mecanismo de designación, remoción entre otras materias, la toma de razón, decretos de insistencia y su límite, la publicación formula algunas propuestas a considerar en debate de nueva constitución.

Lo primero que se señala que es fundamental que se mantenga a la Controlaría General de la República como un organismo autónomo constitucional debido al crucial rol que cumple al ejercer un contrapeso a las labores y poder de la Administración del Estado. En este sentido puntualiza que el control cruzado de los diversos poderes del Estado constituye una protección a nuestras libertades y derechos del abuso de poder en que puedan incurrir, lo no obsta a que la regulación constitucional de la CGR deba modernizarse, con el fin de aumentar su eficacia al velar por el buen uso de los recursos públicos, combatir la corrupción y, erigirse en pieza clave para restablecer la confianza de los ciudadanos respecto de cuestiones relativas a la legalidad, eficiencia y buen trato que el Estado debe dar a las personas. En tal sentido observa que una propuesta elaborada por el Consejo Permanente para la Modernización del Estado y que ha sido recogida en parte por otras propuestas constitucionales en la materia, y que parece atendible, dice relación con establecer un gobierno corporativo distinto para la CGR, abandonando así el rol unipersonal del Contralor General, y eliminando consecuentemente la figura del Subcontralor. En esta propuesta la dirección y administración superior de la CGR estaría a cargo de un Consejo constituido por cinco miembros, designados por el presidente de la República, con aprobación del Senado. El objetivo es ampliar a los titulares y responsables de la dirección y control, destacando la documentada importancia de “la inteligencia colectiva para la gobernanza de sistemas complejos”.