Se acoge incidente de abandono de procedimiento, por cuanto la suspensión que estatuyó la Ley 21.226 no se refiere a la carga procesal de encomendar la notificación de las resoluciones.

Comentarios (1)

1. Jorge San Martín01-08-2021, 01:14 p. m.

   Estoy de acuerdo con el razonamiento de la C. Suprema (y C.A. Valparaíso) sólo en tanto el tribunal ‘a quo’ NO haya, además, decretado la suspensión del procedimiento aplicando tal medida como SU criterio (sin hacer referencia a la ley 21.226). Es de relevancia el tenor de la resolución (la que desconozco), porque si el tribunal dice (más menos) «Se recibe la causa a prueba…suspéndase el procedimiento en conformidad a lo que preceptúa el Art. 6 de la ley 21.226» (o similar), entonces, lo resuelto por las Cortes se ajusta a derecho y el incidente de abandono corresponde sea acogido (como ocurrió), puesto que el plazo SÍ transcurrió. Cuestión muy distinta es que el tribunal, razonando en esta normativa de emergencia, incluida Acta 53 CS, protocolos sanitarios, etc., resuelve, reitero, como SU criterio, suspender el procedimiento (reflejándose así de su resolución) entonces el plazo jamás pudo correr. De una simple vista a la ley 21.226 se advierte cómo múltiples de sus disposiciones inician o contienen con ‘podrá’. La CS ‘podrá’, las partes ‘podrán’, sus mandatarios ‘podrán’, etc., porque se comprende que la emergencia sanitaria puede afectar de distintas maneras. No es igual que un receptor salga a notificar en Santiago a que otro lo haga en Loncoche. En Santiago, por ejemplo, mucho receptor se excusó de salir a notificar (entre otras gestiones). Es cierto, que el Art. 6 precisa para la suspensión que términos probatorios hubiesen empezado a ‘correr’, o que se ‘inicien’ durante la vigencia del estado de excepción. Es correcto que para que ‘corran’ o se ‘inicien’ es fundamental notificar, lo que es aplicación del derecho común (C.P.C.). Por ello, junto con revisar el tenor de la resolución que recibe causa a prueba (en cuanto suspensión emana por aplicación directa de ley 21.226 y acta 53 CS o por tratarse de un criterio del juez), se extraña que el demandante (que tiene la carga procesal de solicitar la prosecución del juicio) NO haya alegado impedimento de cumplir los plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicio de acciones o derechos a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad, por ejemplo, que NO pudo conseguir un receptor, reclamo que debió hacer dentro del término de los diez días siguientes al cese del impedimento, es decir, pudo hacerlo hasta 5 mes y 29 días posteriores, porque el plazo de esa alegación es hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción, pero el demandante tiene el límite de ‘evitar’ que transcurran los 6 meses (pese a que el estado de excepción continuó). En conclusión su salida para interrumpir el transcurso de los 6 meses NO era solo notificar, sino también pudo ALEGAR impedimento para hacerlo.