Con suspensión.
TC admite a trámite inaplicabilidad que impugna norma que restringe la interposición del recurso de casación en la forma por determinadas causales.
Da un trato desigual a quienes son efectivamente iguales, como son las partes de un juicio seguido conforme a normas del Código de Procedimiento Civil y las partes de un procedimiento regido por leyes especiales.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite, para pronunciarse sobre su admisibilidad, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que impugna el artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
El precepto legal impugnado establece: “Artículo 768. En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”.
La empresa Espacios Verdes y Deportivos SPA presentó ante la Corte de Apelaciones de Arica un reclamo de ilegalidad en contra del Secretario Municipal de la Municipalidad de Arica, quien emitió un certificado a través del cual le informó la efectividad de haber operado el Silencio Negativo contemplado en el artículo 65 de la ley 19.880 respecto de las apelaciones deducidas por ésta en contra de las multas que le fueron aplicadas por sendos Decretos Alcaldicios en el marco de la propuesta pública “Servicio de Mantención y Mejoramiento de Áreas Verdes de la comuna de Arica”.
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Con suspensión.
TC se pronunciará sobre el fondo de inaplicabilidad que impugna norma que restringe apelación de ciertas sentencias en procesos laborales.

En fallo dividido.
TC declaró inaplicable norma que niega el recurso de nulidad en contra de sentencia dictada en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad laboral.

En forma unánime.
TC declaró derechamente inadmisible inaplicabilidad que impugnó norma que faculta al juez para decidir si abre un término de prueba en los incidentes.

