Candidatura presidencial de MEO.
La sola dictación de la sentencia absolutoria en favor de Marco Enríquez Ominami hace caer la hipótesis de suspensión del derecho a sufragio, resolvió el TRICEL.
La limitación al ejercicio del derecho a sufragio contenida en el artículo 16 Nº2 no es una consecuencia jurídica automática asociada al hecho de haberse dictado una acusación en contra del imputado y debe interpretarse de manera restringida.

El TRICEL acogió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que, a su vez, acogió el recurso de reclamación por medio del cual se solicitó que se excluyera del Padrón Electoral Auditado a Marco Enríquez-Ominami y, en su lugar, rechazó la reclamación interpuesta.
La sentencia recurrida acogió la impugnación en base a que, según estimó, se verificaba la inhabilidad alegada respecto de MEO, por encontrarse actualmente suspendido su derecho de sufragio como consecuencia de haberse dictado un auto de apertura de juicio oral en su contra por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, resolución que, refiere, se encuentra firme desde el 30 de junio de 2020. Por otra parte, la sentencia recurrida especifica que “no altera lo antes resuelto, la circunstancia de haberse dictado veredicto absolutorio […] desde que tal hito no constituye sentencia definitiva, que para los efectos de poner término a la suspensión, debe estar firme o ejecutoriada.”
El TRICEL recuerda que el día 25 de agosto –un día después de la interposición de la reclamación– se dictó veredicto absolutorio en la causa RIT N°169-2020 seguida en contra de Enríquez-Ominami. Ello, considera, implica el surgimiento de un “hecho sobreviniente que debe ser necesariamente ponderado a la luz del principio de la presunción de inocencia contemplado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, que resultó materializado con la comunicación de la decisión absolutoria a favor del impugnado.”
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