Corte Constitucional de Ecuador se pronuncia sobre el derecho a presentar y contradecir pruebas en juicios de violencia intrafamiliar.

El caso se refiere a las múltiples denuncias por violencia intrafamiliar efectuadas por una mujer en contra su cónyuge. La presunta víctima solicitó se le concedieran distintas medidas de protección, entre ellas, la prohibición de acercamiento del agresor, y la prohibición de que este realice actos de intimidación y persecución respecto de ella o sus hijos. A partir de lo anterior, se inició un procedimiento en donde el denunciado se opuso a la dictación de las medidas, señalando que las denuncias eran infundadas y que, en definitiva, él era la víctima. En primera instancia se recibió la causa a prueba y se terminó por decretar las medidas solicitadas, decisión que fue confirmada por el tribunal de alzada.

El recurrente refiere que se ha vulnerado su derecho a la defensa, puesto que se le impidió presentar y contradecir pruebas. En este sentido, arguye que se le habría negado incorporar ciertos medios probatorios de manera injustificada. Asimismo, refiere que, respecto de otros medios probatorios, el tribunal habría ordenado la emisión de oficios para la práctica de distintas las diligencias, los que, sin embargo, nunca fueron entregados. En síntesis, alega: “(i) haberse negado de manera inmotivada tres pruebas, (ii) haberse ordenado tres pruebas, pero omitido la emisión de los respectivos oficios, y (iii) haberse ordenado dos pruebas periciales, sin posesionar a los peritos.”

La Corte señala que “el derecho a la defensa traduce para las personas, la posibilidad real de argumentar en favor de sus derechos, intereses y posiciones dentro de un proceso llevado en su contra.”