La moción, patrocinada por los Diputados Castro, Celis, García y Rey, y las Diputadas Ossandón, Del Real, Leuquén y Luck, modifica la Carta Magna para establecer que mientras subsista el Estado de Alerta calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), deberán someterse a los esquemas de vacunación completa todas las autoridades y funcionarios públicos.
Los autores señalan que, junto al agua potable, la vacuna es la medida de salud pública más eficaz y que más ha contribuido en salvar vidas. La higiene, el agua salubre y los servicios sanitarios, junto a las medidas de inmunización son la única vía efectiva que actualmente conocemos para hacer frente a las distintas patologías transmisibles que pueden atacar nuestros organismos, tal como se ha hecho para disminuir la tuberculosis, el sarampión, la viruela y muchas otras.
La OMS, destacan, se encuentra aplicando el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, con el objeto de difundir la necesidad de extender la vacunación como una política pública de salud compartida. Nuestro país cuenta desde 1978 con un “Programa Nacional de Inmunización”, el cual contempla los objetivos, coberturas y estrategias para el desarrollo de esta medida sanitaria.
Hoy, añaden, el Programa Nacional establece, a través de distintos Decretos emanados del Ministerio de Salud, la aplicación obligatoria de distintas vacunas contra varias enfermedades, de lo cual han emanado campañas y calendarios de vacunación para la inmunización efectiva de la población, según se considere su necesidad en niños, adultos y/o ancianos.
Sin embargo, contraponen que nos encontramos en un momento decisivo, ya que la expansión de la inmunización ha sufrido un revés a raíz del surgimiento de opiniones seudocientíficas que han denunciado la inseguridad en la aplicación de vacunas, las que supuestamente provocarían efectos colaterales muy perjudiciales.
Estos movimientos “antivacunas”, prosiguen, han ido en ascenso, generando emergencias sanitarias graves, como lo sucedido en Brasil entre el 2017 y 2018, donde se pasó de 0 casos registrados de sarampión en 2017 a más de 10 mil en 2018, lo que se explica por un notable relajo en las políticas de inmunización.
La inmunización, aseguran, es una técnica sanitaria de casi total efectividad, sin que a la fecha se haya podido vincular su aplicación con efectos secundarios graves tales como la supuesta generación de autismo u otras teorías, por lo que la oposición a esta medida es una vulneración gravísima contra los fines de salud pública que se propone el Estado.
Luego, mencionan proyectos de ley presentados por parlamentarios de diferentes sectores políticos, que persiguen, entre otras cosas, exigir el cumplimiento de los esquemas de vacunación obligatoria como requisito de ingreso a la educación parvularia, básica y media o establecer como obligatoria la vacunación para toda la población del país.
En este sentido, estiman que es esencial la inoculación obligatoria de las autoridades públicas y funcionarios públicos en general, por el rol que éstos desempeñan en la sociedad, su ejemplificación al resto de la población y porque en ellos se consolidan los deberes éticos y públicos.
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El proyecto introduce una disposición transitoria en la Constitución, del siguiente texto:
“Mientras subsista el estado de alerta sanitaria, por el virus Covid-19 y/o cualquier otro, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, estarán obligados a someterse a los esquemas de vacunación completa que, para estos efectos, hayan determinado las autoridades sanitarias nacionales y siempre que se encuentren autorizadas por el Instituto de Salud Pública, todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los jefes de servicios y demás autoridades reguladas en el artículo 1° de la Ley N°18.575. Lo anterior, además, será requisito para el retorno a sus empleos. La obligación de inoculación, se entenderá sin perjuicio de la facultad del Jefe del Servicio para disponer medidas extraordinarias de trabajo a distancia”.
El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.
Vea texto de la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14702-07.
Haber…Uds. piensan que todos somos ignorantes?. Primero que nada, nuestro país Chile es libre y soberano, como república no estamos sujetos a organismos externos que vengan a tratar de imponer normas u obligaciones que atropellen nuestros DERECHOS FUNDAMENTALES Y DD.HH.
Que se creen manga de atrevidos y corruptos, tratar de pasar sobre la Ley con una dictadura sanitaria que es un crimen de lesa humanidad. ¿ Dónde dejaron los protocolos de bioética?, ¿ dónde están los consentimientos informados claramente y firmados de los inoculados para que acepten participar en experimentación científica? ¿ y los derechos del paciente a aceptar ó rechazar cualquier tratamiento y el respeto a su libre voluntad?
El » estado de alerta sanitaria» no tiene ninguna facultad para quitarnos nuestros derechos fundamentales, sólo tiene el carácter de RECOMENDAR, SUGERIR…nunca obligación. Ni el estado de EXCEPCIÓN puede restringir alguna de nuestras acciones TEMPORALMENTE no por tiempo prolongado porque estaría cometiendo un atropello, un grave delito a nuestros DD.HH. que deben ser respetados INCLUSO EN CONTEXTO DE PANDEMIA.
Es una insolencia y abuso de imponer además un Pase de Movilidad para que la gente mediante esta presión se inocule sustancias desconocidas, es un vulgar chantage y una injusticia porque habemos personas que no podemos siquiera elegir participar de este experimento , porque ya hemos aportado a la sociedad y a la ciencia participando en otro, así como hay muchas personas que por su condición de salud no son candidatos a ofrecerse de » voluntarios «…
Tenemos una Constitución, una Carta Magna, Tratados Internacionales y de DD.HH que castiga gravemente el perjuicio y violación de nuestros derechos.
La Declaración universal de bioética y Derechos Humanos dice claramente que la experimentación científica no puede ser más importante que nuestra integridad ni voluntad, el respeto hacia el indivíduo, al ser humano estará por encima siempre del bien común y de la ciencia.
Somos millones de personas que sabemos eso y hacemos valer nuestros derechos, no estamos cometiendo ningún delito, ni falta.
Por ello encuentro irrisorio, una burla a nuestra inteligencia y un atrevimiento de lo más descarado tratar de obligarnos a través de una resolución interna ó externa a algo que violenta nuestros derechos y dignidad.
Las autoridades en Chile que han violado nuestros derechos en algún momento van a tener que rendir cuentas, ya sea ante CPLT, CDIH, tribunales nacionales e internacionales. Y más temprano que tarde el tribunal de nuestro Creador que con su espíritu doblará la mano y pulverizará a quien trate de dañar a sus guerreros, sus hijos.
Espero informen a la brevedad yclaramente a la población que somos libres dentro de nuestro país desde el 30 septiembre del 2021 cuando se terminó el estado de excepción, finalizaron todas las imposiciones y protocolos obligatorios del Minsal.
dictadura sanitaria
Esto en algun momento se devolvera como boomerang, ahi veremos que sucede con la justicia del hombre frente a la justicia de Dios. Dios detesta el derramamiento de sangre inocente y a Aquellos que le tienden redes al inocente para que caiga para quitarle la vida. Pero ellos mismos caeran en sus propias maquinaciones y no habra quien los salve. Dios sabe lo que estan haciendo. OJO EL SABE LO QUE ESTAN HACIENDO. El no puede ser burlado.
Pensamiento único es seudo ciencia y eso es lo que uds. hacen. Pero cuando no puedan seguir ocultando la verdad serán uds. juzgados. Hay estudios científicos y biólogos, médicos que prueban sustancias desconocidas y grafeno en sus inyecciones experimentales. Y VAERS muestra gran incidencia de efectos secundarios y muertes, como nunca antes.
Seguiremos siendo Resistencia cintra su Tiranía seudo científica totalitarista.