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Pandemia e Inoculación.

Reforma Constitucional establece la obligación de autoridades y funcionarios públicos de vacunarse contra el virus Covid-19.

La vacunación sigue siendo de importancia crucial y es necesario que todos los habitantes del país puedan ser vacunados, por lo que es esencial es la inoculación obligatoria de las autoridades y funcionarios públicos por el rol que desempeñan en la sociedad, su ejemplificación al resto de la población y porque en ellos se consolidan los deberes éticos y públicos.

24 de noviembre de 2021

La moción, patrocinada por los Diputados Castro, Celis, García y Rey, y las Diputadas Ossandón, Del Real, Leuquén y Luck, modifica la Carta Magna para establecer que mientras subsista el Estado de Alerta calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), deberán someterse a los esquemas de vacunación completa todas las autoridades y funcionarios públicos.

Los autores señalan que, junto al agua potable, la vacuna es la medida de salud pública más eficaz y que más ha contribuido en salvar vidas. La higiene, el agua salubre y los servicios sanitarios, junto a las medidas de inmunización son la única vía efectiva que actualmente conocemos para hacer frente a las distintas patologías transmisibles que pueden atacar nuestros organismos, tal como se ha hecho para disminuir la tuberculosis, el sarampión, la viruela y muchas otras.

La OMS, destacan, se encuentra aplicando el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, con el objeto de difundir la necesidad de extender la vacunación como una política pública de salud compartida. Nuestro país cuenta desde 1978 con un “Programa Nacional de Inmunización”, el cual contempla los objetivos, coberturas y estrategias para el desarrollo de esta medida sanitaria.

Hoy, añaden, el Programa Nacional establece, a través de distintos Decretos emanados del Ministerio de Salud, la aplicación obligatoria de distintas vacunas contra varias enfermedades, de lo cual han emanado campañas y calendarios de vacunación para la inmunización efectiva de la población, según se considere su necesidad en niños, adultos y/o ancianos.

Sin embargo, contraponen que nos encontramos en un momento decisivo, ya que la expansión de la inmunización ha sufrido un revés a raíz del surgimiento de opiniones seudocientíficas que han denunciado la inseguridad en la aplicación de vacunas, las que supuestamente provocarían efectos colaterales muy perjudiciales.

Estos movimientos “antivacunas”, prosiguen, han ido en ascenso, generando emergencias sanitarias graves, como lo sucedido en Brasil entre el 2017 y 2018, donde se pasó de 0 casos registrados de sarampión en 2017 a más de 10 mil en 2018, lo que se explica por un notable relajo en las políticas de inmunización.

La inmunización, aseguran, es una técnica sanitaria de casi total efectividad, sin que a la fecha se haya podido vincular su aplicación con efectos secundarios graves tales como la supuesta generación de autismo u otras teorías, por lo que la oposición a esta medida es una vulneración gravísima contra los fines de salud pública que se propone el Estado.

Luego, mencionan proyectos de ley presentados por parlamentarios de diferentes sectores políticos, que persiguen, entre otras cosas, exigir el cumplimiento de los esquemas de vacunación obligatoria como requisito de ingreso a la educación parvularia, básica y media o establecer como obligatoria la vacunación para toda la población del país.

En este sentido, estiman que es esencial la inoculación obligatoria de las autoridades públicas y funcionarios públicos en general, por el rol que éstos desempeñan en la sociedad, su ejemplificación al resto de la población y porque en ellos se consolidan los deberes éticos y públicos.

El proyecto introduce una disposición transitoria en la Constitución, del siguiente texto:

“Mientras subsista el estado de alerta sanitaria, por el virus Covid-19 y/o cualquier otro, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, estarán obligados a someterse a los esquemas de vacunación completa que, para estos efectos, hayan determinado las autoridades sanitarias nacionales y siempre que se encuentren autorizadas por el Instituto de Salud Pública, todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los jefes de servicios y demás autoridades reguladas en el artículo 1° de la Ley N°18.575. Lo anterior, además, será requisito para el retorno a sus empleos. La obligación de inoculación, se entenderá sin perjuicio de la facultad del Jefe del Servicio para disponer medidas extraordinarias de trabajo a distancia”.

El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.

 

Vea texto de la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14702-07.

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  1. Esto en algun momento se devolvera como boomerang, ahi veremos que sucede con la justicia del hombre frente a la justicia de Dios. Dios detesta el derramamiento de sangre inocente y a Aquellos que le tienden redes al inocente para que caiga para quitarle la vida. Pero ellos mismos caeran en sus propias maquinaciones y no habra quien los salve. Dios sabe lo que estan haciendo. OJO EL SABE LO QUE ESTAN HACIENDO. El no puede ser burlado.

  2. Pensamiento único es seudo ciencia y eso es lo que uds. hacen. Pero cuando no puedan seguir ocultando la verdad serán uds. juzgados. Hay estudios científicos y biólogos, médicos que prueban sustancias desconocidas y grafeno en sus inyecciones experimentales. Y VAERS muestra gran incidencia de efectos secundarios y muertes, como nunca antes.
    Seguiremos siendo Resistencia cintra su Tiranía seudo científica totalitarista.