En sede de un requerimiento de inaplicabilidad.
Norma que faculta a Juez de Policía Local para imponer multa por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en rangos que median entre un 0,5% y el 20% del presupuesto de la obra, será examinada por el Tribunal Constitucional.
La requirente alega que la norma, al no establecer marcos regulatorios suficientes al juez, vulnera el principio de legalidad.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugna artículo 20 Ley General de Urbanismo y Construcciones, en aquella parte que faculta a los jueces de policía local a sancionar con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, cualquier infracción a las disposiciones de esa ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial.
La norma citada establece:
“Artículo 20.- Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a cien unidades tributarias mensuales. Todo lo anterior es sin perjuicio de la paralización o demolición de todo o parte de la obra, según procediere, a menos que el hecho sea constitutivo de delito o tenga una sanción especial determinada en esta ley o en otra.
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