Recursos de reclamación rechazados.
Corte de Santiago confirma entrega de información sobre uso de camas UCI y UTI y cantidad de fallecidos por covid-19 solicitada por Ley de Transparencia.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución que ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, la entrega de información relativa al número de camas UCI y UTI, utilizadas mensualmente en Chile por pacientes con covid-19 confirmado, diferenciando entre pacientes vacunados (con una, dos y 3 dosis) y no vacunados, en el período que va entre enero y noviembre de 2021.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de reclamación interpuestos en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT) que le ordenó al Ministerio de Salud entregar la información solicitada sobre uso de camas UCI y UTI y cantidad de fallecidos por covid-19.
En el primer fallo (Rol Nº124-2022), el tribunal descartó infracción de ley en la resolución que ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, la entrega de información relativa al número de camas UCI y UTI, utilizadas mensualmente en Chile por pacientes con covid-19 confirmado, diferenciando entre pacientes vacunados (con una, dos y 3 dosis) y no vacunados, en el período que va entre enero y noviembre de 2021.
El fallo señala que el artículo 11 letras a), c) y d) de la Ley de Transparencia consagran los principios de relevancia, apertura o transparencia y de máxima divulgación, que inspiran el derecho de acceso a la información, de acuerdo a los cuales se presume relevante toda la información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento; permiten imponer que cualquier información en manos de instituciones públicas deba ser completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones, las que deberán estar definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; todo lo cual ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general, sometida a estrictas y limitadas excepciones.
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