CGR.
Aun cuando se haya adjudicado una licitación pública e iniciado la prestación de servicios, el órgano encargado está obligado a iniciar el procedimiento de invalidación si se percata del incumplimiento de las bases del concurso.
La estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor.

La Sociedad de hecho Reyes Serrano Claudio Milton y otra, objetó ante la Contraloría General de la República la decisión de la Municipalidad de Villarrica de dejar sin efecto la adjudicación que la favoreció en el marco de una licitación pública convocada para contratar el arriendo de vehículos para el transporte de pasajeros, servicios que prestó por aproximadamente un mes.
Requerido informe al municipio manifesta que al momento de la revisión de los antecedentes solicitados para firmar el contrato constató que dicha sociedad no tenía personalidad jurídica, infringiendo con ello las bases que regularon el proceso concursal, las que exigían que los oferentes fueran personas naturales o jurídicas, por lo que se inició un procedimiento invalidatorio del acto que aprobó la adjudicación.
Antes de emitir su pronunciamiento, el ente contralor sistematiza la normativa aplicable al caso; las que regulan los procesos de licitación pública, las bases del concurso, ofertas, y los derechos y obligaciones tanto del licitante como del proveedor.
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