En una reciente publicación de RFI se da a conocer el artículo «La eutanasia antes del juicio de un acusado despierta polémica en España», por Elise Gazengel, corresponsal para este medio en Barcelona.
Se trata del primer caso polémico de eutanasia en España, un año después de su legalización. Marin Eugen Sabau, de 46 años, era parapléjico, tenía una pierna amputada y sufría dolores constantes. Se le practicó la eutanasia el martes 23 de agosto en Tarragona, al sur de Barcelona.
El problema es que también era un ex guardia de seguridad que había provocado un tiroteo al disparar a tres de sus antiguos compañeros en diciembre de 2021, y que aún no había sido juzgado por su intento de homicidio.
Marin Eugen Sabau, de 46 años, agente de seguridad rumano, disparó a tres colegas y a un policía, hiriéndolos. Los hechos ocurrieron en Tarragona (noreste), y Sabau recibió un disparo en la columna vertebral que le dejó paralítico.
España permite la eutanasia en caso de secuelas irreversibles, pero la ley no hace ninguna excepción en el caso de los presos en espera de juicio.
Sabau explicó en su momento que atacó a sus compañeros tras sufrir «un infierno» en el trabajo, acusando a sus jefes de racismo.
Desde entonces, estaba postrado en una cama en el hospital penitenciario de Terrassa, y reclamaba que le ayudaran a morir.
«Estoy parapléjico. Llevo 45 puntos en la mano. No puedo mover bien el brazo izquierdo. Llevo tornillos y no siento el pecho», explicó al tribunal de Tarragona que falló en su favor.
El derecho a la justicia frente al derecho a “morir con dignidad”
Sus víctimas, que exigían un juicio, se opusieron a la muerte del agresor y recurrieron a los tribunales españoles -que retrasaron el plazo- e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en vano.
El tribunal argumentó que la eutanasia es un «derecho fundamental» y que la ley española que la regula no especifica nada sobre «personas que se hallen en situación de prisión provisional o sujetas a un procedimiento judicial».
Los abogados de las víctimas pedían, en cambio, esperar a después del juicio para que el acusado pudiera indemnizar a las víctimas.
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«Las víctimas tienen un sentimiento de frustración. Se ha dejado a una persona decidir cómo y cuándo acabar con un procedimiento judicial», lamentó José Antonio Bitos, abogado de dos policías heridos (uno por balas, el otro en la persecución posterior).
«No nos oponíamos a la eutanasia en sí, pero antes del juicio, sí», añadió, recordando que los dos agentes recibirán compensación de la administración al haber sido heridos en acto de servicio, pero no las otras víctimas.
La ley autorizando la eutanasia en España entró en vigor el 25 de junio de 2021, convirtiéndolo en el cuarto país europeo en despenalizarlo, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo y en poco más de un año se llevaron a cabo unas 180, según datos del gobierno.