La potestad invalidatoria se ejerce una vez que se notifica la audiencia del interesado y no cuando se notifica la invalidación, resuelve la Corte Suprema.

La Corte de Suprema revocó la sentencia de alzada que rechazó el recurso de protección interpuesto por el adjudicatario de la construcción de la obra pública de conectividad vial y peatonal entre el sector oriente y poniente de Talca en contra el SERVIU de la región del Maule.

El recurrente alega que, en marzo de 2018 se adjudicó el proyecto, cuyo contrato fue modificado en octubre del mismo año en el que se estableció una disminución de obras extraordinarias por un monto de $319.808.587, sin embargo, en octubre de 2021, el recurrido dictó una Resolución Exenta, mediante la cual dejó sin efecto las obras extraordinarias aprobadas, y ordenó que se le restituyera la suma de $118.560.488, fundados en el informe final de observaciones de la CGR del Maule, el cual concluyó que las obras extraordinarias debieron haberse fundado en el artículo 47 del Decreto 236 de 2002 y, que sólo actuaría de intermediario.

Dicho actuar, considera que fue completamente ilegal, ya que de acuerdo al artículo 53 de la Ley N°19.880, la resolución impugnada, se dictó fuera del plazo de dos años y, porque no se llevó a cabo la audiencia con el interesado, situación que ha vulnerado garantías constitucionales, tales como, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y, la igualdad ante la ley.