Tribunal Constitucional de Perú.
Congreso de la República no invadió las competencias del Poder Ejecutivo en materia de salud.
El principio de separación de poderes se refiere a la autonomía funcional y a la distribución de diferentes competencias de los poderes del Estado, así como atribuciones de los órganos constitucionales autónomos. Así, en virtud de este principio se reconoce la división de poderes, como también se prevén formas razonables para la resolución de las controversias o tensiones que eventualmente surjan entre tales poderes y órganos.
El Tribunal Constitucional de Perú desestimó la demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo dedujo contra el Congreso de la República, a raíz de la promulgación de la ley que reforma y declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud.
El Ejecutivo solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una serie de disposiciones de la Ley 31125, pues, en su opinión, vulneran el principio de separación de poderes. Lo anterior, dado que “(…) disponen implementar diversas medidas que transgreden la competencia que ostenta el Poder Ejecutivo como responsable de determinar, diseñar, conducir, normar y supervisar las políticas en materia de salud”.
Añadió que “(…) la Ley 31125 no fue resultado de una iniciativa legal planteada por el Poder Ejecutivo sino de proyectos de ley presentados por diversas organizaciones políticas al interior del Congreso de la República. Además, estas normas generarían demandas de recursos adicionales al tesoro público atentando contra el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria; y la prohibición de iniciativa de gasto por parte de los congresistas”.
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