Norma que condiciona el pago de bonificación a la contratación de mano de obra a no haber sido sancionado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, no produce resultados contrarios a la Constitución.

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto del artículo 5 de la Ley 19.853, que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones I, XV, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena; y del artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo, en un proceso seguido ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en sede de un recurso de nulidad.

Las disposiciones legales que se solicitó declarar inaplicables para resolver la gestión pendiente, establecen lo siguiente:

“Para optar al pago de la bonificación, los empleadores deberán presentar una declaración jurada en la cual declararán no haber sido condenados, en los últimos seis meses, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.” (art. 5).