La Corte de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por Magdalena Piñera Morel, en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Zapallar entregar una copia con todos los documentos, incluidos los planos a un periodista de CIPER de un expediente que corresponde a una propiedad de la hija del expresidente Sebastián Piñera.

La reclamante expuso que, en virtud del artículo 21 Nº2 de la Ley 20.285, la información solicitada se encuentra amparada por la causal de reserva, ya que el principio de transparencia establecido en el artículo 8 de la Constitución se encuentra sujeto a limites como es el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia, cuyos derechos, al igual que el de la seguridad de su familia se verán afectados, en cuanto la información pertenece a la esfera privada de su vida, puesto que se trata de las características del interior de su casa y esta naturaleza no cambia por el hecho de que esa información obre en poder de la Administración.

Agrega que no desempeña ninguna función pública, por lo que no existe razón alguna por la cual sea procedente ni recomendable divulgar su vida privada, en cuanto está claro que será publicado en la prensa, porque además se han percatado que el domicilio es vigilado con drones.

En mérito de ello, solicita que se deje sin efecto la decisión de amparo emitida por el CPLT, y declarar que se deniega el acceso a la información solicitada por el periodista, con excepción de los actos administrativos propiamente tales, esto es, el permiso de edificación y el certificado de recepción definitiva.

El CPLT informó que “(…) la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 2 de la Constitución y los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, al obrar en poder de la Municipalidad de Zapallar en el ejercicio de sus funciones públicas, constituyendo antecedentes que forman parte de un expediente público y, desde luego, fundamento de autorizaciones administrativas, por lo que, la información objeto del amparo detenta una naturaleza eminentemente pública al constituir el fundamento de actos administrativos, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por constituir una excepción al principio general de publicidad deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y desde luego, ser acreditada fehacientemente por quien las invoca, lo cual no ocurrió en el presente caso.”

En efecto, manifiesta que “(…) no se configura la causal de secreto o reserva invocada del artículo 21 Nº2 de la Ley de Transparencia, máxime cuando se aplicó el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la referida Ley.”

Al respecto, la Corte de Santiago razona que, en virtud del artículo 8 de la Constitución, “(…) en lo que dice relación con las actuaciones de los Órganos del Estado, la regla general es su publicidad, contemplándose en ella, en forma excepcional su reserva o secreto.”

Prosigue el fallo, señalando que, “(…) el artículo 21 la Ley N°20.285 dispone: “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes (…)”; de lo que se advierte que la concurrencia de las causales de secreto o reserva deben ser interpretadas en forma restrictiva, en la medida que tanto la Constitución como la ley consagran la publicidad de los actos de la administración estableciendo, al efecto, un derecho público subjetivo para los ciudadanos de acceso a la información pública, el que, en principio, no debe ser limitado o restringido sino cuando concurra alguna de las aludidas causales que constituyen la excepción a la regla general.”

Con ello, refiere que “(…) la simple enunciación de los derechos potencialmente afectados -incluida la inviolabilidad del hogar-, basado en que se divulgaría las características del interior de la propiedad, no permite, por sí misma, acreditar la causal invocada, teniendo en consideración que los antecedentes vinculados a la construcción y estructura de una propiedad, como los planos, láminas de emplazamiento y/o informes previos, no develan circunstancias de la vida privada de una persona en particular -y de su grupo familiar-; y, que, por otra parte, no es procedente denegar lo pedido en consideración al interés del solicitante y la eventual utilización que le podría otorgar a la información, por contraponerse al principio de no discriminación previsto en el artículo 11 letra g) de la Ley 20.285.”

Por otra parte, advierte que en virtud del principio de divisibilidad “(…) se ordenó dar lugar al acto administrativo en cuanto contiene información que puede ser conocida, denegándose la personal, resguardando con ello aquellos datos personales y sensibles que pudieren estar contenidos en los antecedentes consultados, ordenando la entrega de la información consultada, previo tajamiento por parte del organismo de todos aquellos datos personales de contexto.”

Finalmente, señala que “(…) la publicación de la información requerida en la prensa y, la subsiguiente amenaza para la seguridad de la familia de la reclamante que se aduce en el reclamo no pasa de ser una circunstancia hipotética, eventual y no acreditada, que no puede invalidar lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, el que debe hacer una interpretación restrictiva y fundada en hechos concretos.

En base a esas consideraciones, la Corte descartó que el Consejo al adoptar la decisión de amparo haya incurrido en alguna de las ilegalidades que se denuncian por la reclamante.

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La decisión fue acordada con el voto en contra de abogado integrante Jorge Balmaceda, quien fue de la opinión de acoger el reclamo de ilegalidad, ya que, en su concepto, la entrega de planos y fotografías del inmueble de autos afectarían la seguridad, intimidad o vida privada de la recurrente, lo que a su juicio configura la hipótesis de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°290–2022.