Reclamo de ilegalidad acogido en fallo dividido.
Corte de Valparaíso deja sin efecto decreto alcaldicio que rechazó reclamo de ilegalidad por permiso de edificación de proyecto habitacional en Concón.
El permiso de edificación habría sido aprobado por la Dirección de Obras Municipales, que autorizó a la inmobiliaria Reconsa SA a la ejecución del proyecto en las cercanías de las dunas de la comuna.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra del decreto alcaldicio, dictado por la Municipalidad de Concón, y le ordenó a la casa consistorial tramitar hasta su conclusión la solicitud de invalidación presentada contra el permiso de edificación aprobado por la Dirección de Obras Municipales, que autorizó a la empresa inmobiliaria Reconsa SA la ejecución del proyecto habitacional “Calle Cornisa”, ubicado en las cercanías del Campo Dunar de la comuna.
El Tribunal de alzada acogió el reclamo presentado por Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán.
El fallo señala que lo primero que cabe especificar es que el acto reclamado no es el permiso de edificación que se otorgó en el año 2017, sino el Decreto Alcaldicio Nº 2333 de fecha 02 de diciembre de 2020, que rechazó en todas sus partes el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto en contra de la Resolución Nº 144/2020 de 07 de septiembre de 2020 dictada por el Director de Obras Municipales del mismo Municipio, que, a su vez, rechazó la acción de invalidación intentada en contra del Permiso de Edificación aprobado mediante resolución DOM Nº 488/17. Enseguida, es importante recordar que el rechazo de la acción invalidatoria consistió en una negativa a llevar adelante el procedimiento que terminara con una decisión de fondo, y ello por una razón formal: el plazo de dos años que el artículo 53 de la Ley 19.880 concede a la administración, para anular sus propios actos, estaría vencido. Ya veremos que el Director de Obras también adelantó un parecer de fondo, cuyo efecto jurídico no puede ser otro que el inhabilitarlo, si se acoge el reclamo.
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