El municipio se comprometió a entregar siete pérgolas por un plazo de cinco años, para que los recurrentes vendieran sus productos en el centro de la comuna, no obstante, de forma unilateral el alcalde prorrogó en un tiempo menor al acordado en el contrato el plazo para efectuar modificaciones a las instalaciones, sin expresar ningún motivo, vulnerando con ello el derecho de propiedad de los recurrentes.
El Tribunal de alzada estableció el actuar discriminatorio del municipio al caducar el permiso de ocupación de espacio público.
El permiso de edificación habría sido aprobado por la Dirección de Obras Municipales, que autorizó a la inmobiliaria Reconsa SA a la ejecución del proyecto en las cercanías de las dunas de la comuna.
El recurrente pactó un contrato de arriendo con el municipio por 96 meses para la instalación de juegos modulares en una plaza, pero como se demoró 6 meses en la instalación de los elementos, el pago que hizo el municipio de90 meses de arrendamiento lo fue por el tiempo restante, por lo que las 96 cuotas que pretendía el reclamante carecen de causa.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia recurrida, dictada por el Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y que le ordenó al municipio el pago de la suma de $55.541.216 por concepto de lucro cesante, y $15.000.000 por daño moral.
No cabe confundir el ejercicio de la potestad de invalidación con la potestad revocatoria de la que se halla investida la Administración. Los actos de contenido favorable no pueden ser dejados sin efecto por razones de oportunidad o conveniencia -revocación- y solo pueden serlo por razones de ilegalidad –invalidación-.
Corte Suprema no es un tribunal de apelación y sólo en forma excepcional le corresponde conocer en segunda instancia aquellos casos en que la ley le otorga dicha competencia.
Aún cuando el actor concurrió dentro de plazo a la citación del municipio, éste dictó la medida impugnada en forma previa, vulnerando la garantía contemplada en el artículo 19 N°3 de la Constitución.
Por haber perdido vigencia el decreto impugnado, debido al cambio de fase de la comuna, el recurso perdió de oportunidad.
“se ha limitado a determinar para la Empresa Codelco Chile División Ventanas, un nuevo plazo para regularizar ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Valparaíso, los informes y resoluciones sanitarias requeridos”.
