Corte Constitucional de Ecuador.
Opinión de menores debe ser tomada en cuenta por las autoridades al momento de dictaminar su traslado a casas de acogida por la presunta vulneración de sus derechos.
Los niños y adolescentes están dotados de capacidad para formar sus propias opiniones y tienen derecho a expresarlas en todo proceso judicial o procedimiento administrativo que les afecte. Del mismo modo, es obligación de toda autoridad, que dirige un proceso o procedimiento en que se discuta una decisión que tendrá impacto en los derechos del menor, escuchar y considerar seriamente su opinión en función de su edad, madurez y desarrollo evolutivo.

La Corte Constitucional de Ecuador acogió la acción extraordinaria de protección deducida en representación de una menor, cuya opinión no fue tomada en cuenta al momento de adoptarse la decisión de trasladarla a un hogar de acogida. Constató una vulneración de su derecho al debido proceso en la garantía de ser escuchada en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
Según los hechos narrados, la autoridad administrativa dictó una medida de protección de acogimiento institucional, tras tomar conocimiento de un informe social que daba cuenta que la menor no asistía a clases y mantenía un mal desempeño académico. Si bien la medida fue temporal en un principio, esta se mantuvo por decisión del tribunal interviniente en el caso.
La casa de acogida recurrió la decisión en sede judicial, aunque sin éxito, por lo que recurrió en estrados de la Corte Constitucional. Alegó una vulneración del derecho de la menor a ser escuchada. Por su parte, el tribunal defendió su decisión, alegando que la decisión fue tomada de acuerdo a los antecedentes familiares y socioeconómicos llegados a su conocimiento que daban cuenta de la situación de la joven.
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