La discusión en algunos temas es elevada y de cruces entre el oficialismo y la oposición. No deja de ser parte del debate la pugna entre ambos sectores respecto a la creación de nuevos capítulos en el anteproyecto. Uno de estos, sobre Seguridad Pública y que fue presentado por Chile Seguro (RN, UDI y Evopoli). 

El capítulo en cuestión, recordemos, llegó hasta la Corte Suprema, tras un requerimiento de algunos consejeros del oficialismo. Sin embargo, la solicitud no progreso y luego de una revisión fue rechazada, lo cual dio paso a que estos capítulos presentados vía enmienda deban ser discutidos en la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.

Una de las consejeras que defendió la enmienda presentada por la derecha, fue Gloria Hutt (Evopoli), quien mencionó que “esta propuesta atiende a una necesidad planteada por la ciudadanía en el sentido de dar importancia a la seguridad y el orden público”.

La réplica vino desde el consejero constitucional, Julio Ñanco (RD), que comentó que el tema de la seguridad es, para el oficialismo, también relevante. “No obstante, cuando se aborda el tema de la seguridad pública, también eso corresponde como a una política pública que está a cargo del gobierno”, afirmó.

¿Se acaba o no la inseguridad al agregar normas en este ámbito? Para el comisionado experto, Gabriel Osorio (PS), la respuesta es simple, dado que planteó que el hecho de incluir normas respecto a esta materia, no significaría acabar con la inseguridad.

Otra enmienda debatida en la subcomisión fue la constitucionalización de Gendarmería, algo que buscan desde la oposición –Chile Vamos y el Partido Republicano– aunque la tienda republicana presentó una enmienda para prohibir la formación de sindicatos en esta institución. 

La enmienda fue abordada por el consejero constitucional, Ricardo Ortega (PRep), quien dijo que “nosotros sí estamos preocupados por el tema de Gendarmería (…) Sabemos que una parte importante de los delitos más complejos están siendo dirigidos desde las cárceles”.

Desde el sector oficialista, la consejera constitucional, Jessica Bengoa (CS) valoró la disposición que existe para hablar con dicha institución y aseguro que las y los consejeros han sido alertados “sobre el temor que existe frente a la incorporación de los gendarmes en el texto constitucional, entendiendo que su Ley Orgánica finalmente establece otra misión”.

Se siguen sumando interrogantes ¿Mayor edad para alcanzar el sillón presidencial? Una enmienda presentada por Republicanos y UDI marcó una de las discusiones en la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. 

La idea es pasar de los treinta y cinco años, actualmente establecidos en el artículo 93 del Capítulo V del anteproyecto y en la Constitución actual, a cuarenta años. ¿El argumento? Dicha edad mostraría una señal de madurez y experiencia de vida laboral, según expuso la consejera constitucional, María Claudia Jorquera (UDI).

No obstante, el oficialismo reaccionó. El encargado de hacer los reparos fue el consejero constitucional, Christian Suárez (Ind-PS), quien defendió el anteproyecto. “No se ve una razón de peso para modificar lo que ha sido siempre”, fundamentó.

Algo que llamó la atención fue la intervención de la consejera constitucional Gloria Hutt (Evopolíi), quien no se mostró muy a favor de la propuesta. Sus argumentos apuntaron a que otros países han tenido presidentes menores de cuarenta años y “han logrado éxito, y nadie cuestionaría su competencia”.

Republicanos no se quedó fuera del debate y sacó la voz mediante la consejera Patricia Spoerer. Sus dichos se enfocaron en dejar aclarado que no tiene intenciones de equipararse con otros países “pero debemos reconocer que la educación cívica en esta generación ha sido limitada”.

El quórum para las reformas constitucionales fue otro de los temas abordados en la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Esto, respecto a si se trataría de cuatro séptimos, tres quintos o dos tercios. El comisionado Sebastián Soto (Evopoli) defendió el anteproyecto de los tres quintos (30 senadores/as), mencionando que “es una norma razonable, más que las otras”.

Por su parte, el Partido republicano, opuso a la enmienda de los cuatro séptimos, la indicación del quórum de los dos tercios. El consejero republicano Ricardo Ortega indicó que “hay que aprender de los errores. El tema de los retiros fue un desastre de marca mayor, que nos tiene endeudados”.

Pasando a la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, el debate se abocó respecto a la enmienda republicana que busca otorgar el arresto domiciliario a reos mayores de 75 años o que padezcan una enfermedad terminal.

Por su parte, el consejero constitucional, Miguel Rojas (PRep) expresó que la enmienda responde al aspecto humano en cuanto al sistema penal. “El cumplimiento de las penas de personas mayores que padecen enfermedades terminales en cualquier atención digna, humana, en el ámbito de la justicia penal”, expresó.

Desde el oficialismo, no se toma bien la norma. Es más, tanto el consejero constitucional, Yerko Ljubetic (CS) como la comisionada experta, Catalina Lagos (PS) fueron críticos con la enmienda. No obstante, el consejero planteó que “lo coherente sería promover los beneficios para las personas que efectivamente están en esta condición, pero excluir de ello a los criminales de lesa humanidad para ser consistente con las recomendaciones que en materia de derecho internacional y de organismos internacionales se hacen sobre este asunto”.

La respuesta vino por el comisionado experto, Carlos Frontaura (PRep), quien abordó tanto la enmienda como la IPN N° 6.007, iniciativa propuesta que, también, busca entregar el beneficio de arresto domiciliario a dichos reclusos –mayores de 75 años–. 

En esa línea, precisó que ninguna de las dos propuestas “están hablando de reducción de penas, está hablando de un cumplimiento alternativo. Son dos cosas completamente distintas”. Sumado a esto, en su exposición se mostró contrario a los comentarios de la comisionada Lagos y dijo que sería un exceso decir que habría impunidad.

Su símil republicano, Luis Silva, mencionó que no le calza el discurso de quienes traen a colación las razones humanitarias para negárselas a otras personas. En tanto, el consejero afirmó que su enmienda apunta a que las personas fallezcan en su casa y no en la cárcel, explicando que la idea no es proponer que los reos, que se consideren un peligro para la sociedad, van a tener este beneficio 

Dos personajes del oficialismo que, también, reaccionaron fueron el consejero constitucional, Fernando Viveros, y el comisionado experto, Alexis Cortes, ambos del Partido Comunista. 

Viveros mencionó que no se le puede negar al país lo que ocurrió, sumando como argumento que existen criminales respecto a crímenes de lesa humanidad. Así, agregó que la observación que hacen es evitar el negacionismo y alcanzar el reconocimiento de lo sucedido.

Mientras que, Cortes fue crítico en su exposición e indicó que “personas que han cometido los crímenes más horrendos, no contra nosotros ni los familiares de las víctimas, sino que contra toda la humanidad, no pueden ser contemplados con este tipo de beneficio, y espero que si la pretención es beneficiar a otras personas que han cometido delitos comunes, esto quede claramente expresado en la norma”.

El derecho a la vida del que está por nacer, también, estuvo en la palestra del debate. Esto dado que se presentaron enmiendas desde ambos sectores, aunque las posiciones fueron diferentes. 

Desde la UDI, la consejera constitucional, Carolina Navarrete, fue contundente en asegurar que la enmienda tiene por objetivo no retroceder en cuanto a la protección que entrega la actual Constitución, no pasar por encima de leyes vigentes e innovar en la protección de la maternidad.

Por la bancada de RN y Evopoli que, también, presentó una enmienda, quien tomó la palabra fue la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN). Su argumento fue que buscan proteger la vida, mediante la Carta Magna.

Republicanos se sumó al debate, dado que, además, presentó dos enmiendas. La consejera constitucional, María Gatica, defendió dichas propuestas. “Algunos consideran que nuestra propuesta es un retroceso en derecho de las mujeres, pero, en realidad, el único retroceso es el que está contenido en el anteproyecto, el cual está eliminando una protección que sí ofrece hoy la Constitución vigente a los niños no nacidos”, aseguró.

También, dijo que “abstenernos de hacer observaciones, implicaría arrebatarles a esos seres humanos un derecho que ya les ha sido reconocido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, es decir, implicaría un retroceso en dignidad humana”.

Por el lado oficialista, quien abordó las enmiendas de Unidad para Chile fue el consejero, Fernando Viveros (PC). Para esto, sostuvo que “esta enmienda busca precisar que los derechos y libertades fundamentales provienen de la naturaleza o esencia del ser humano, particularmente del principio de dignidad, bajo un enfoque y uso naturalista en materia de derechos”.            

En tanto, la comisionada experta, Verónica Undurraga (PPD) aseguró que el anteproyecto buscó que no hubiera un retroceso en el aborto en tras causales.

Otra discusión de la misma subcomisión fue sobre una enmienda republicana que busca consagrar que los hijos de extranjeros transeúntes no puedan adquirir la nacionalidad chilena. El oficialismo respondió y no concordó con la enmienda.

Los consejeros Fernando Viveros (PC) y Yerko Ljubetic (CS) reaccionaron a la enmienda. El representante del partido Comunista comentó que Unidad para Chile presentó una indicación para erradicar la apátrida y fue en ese contexto que instó a las y los consejeros republicanos a “reflexionar y retirar” la enmienda. Ljubetic, en tanto, mostró su preocupación por la propuesta. 

“Agrava mucho más esta situación al incorporar a los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, y al final eso amplía el número de menores en condición de apátrida”, afirmó el consejero de Convergencia Social.

La tienda republicana, también, participó y defendió su enmienda. La consejera constitucional, Carmen Montoya (PRep) se enfocó en ello y especificó que el objetivo de la propuesta va en línea con asegurar que “la nacionalidad chilena sea otorgada a aquellos nacidos en el territorio nacional con excepciones específicas y razonables, y asimismo desincentivar los ingresos ilegales, los cuales buscan tener exclusivamente beneficios migratorios”.

Asimismo, la subcomisión en cuestión, sumó al debate algunas enmiendas que abordar el derecho a vivir en un entorno seguro.

Unidad para Chile presento enmiendas en esta materia. El consejero constitucional, Fernando Viveros (PC), se encargó de defenderlas y comentó que es “deber del Estado hacer efectivo este derecho de vivir sin violencia para todas las personas”.

Desde Republicanos, la consejera María de los Ángeles López generó la interrogante de cómo se aplicaría “un derecho a vivir seguro con categorías según dónde vivan las personas”. Tras ello, consideró que, a su juicio, “la seguridad debe ser transversal para todo Chile y sin distinción alguna”.

Respecto a una de las enmiendas republicanas, la consejera, Mariela Fincheira (PRep) mencionó que “es necesario que el Estado tome un rol activo frente al terrorismo y al crimen organizado que, por medio de los atentados, han sembrado miedo e inseguridad en la Araucanía y en todo nuestro país”.

Por otra parte, se discutieron dos Iniciativas de Norma Popular. La primera es la IPN Nº 9.619, la que consagraría que “es deber del Estado garantizar una protección efectiva contra la violencia criminal organizada o terrorista (…)”.

La segunda es la IPN Nº 10.859, que busca “el derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, en los términos que una ley de quorum calificado indique”.

La subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos no se quedó fuera del radar. Aquí se prosiguió la discusión sobre el acceso a la justicia, ley institucional y potestad de los jueces. 

La modificación, presentada por el grupo parlamentario de la UDI, busca incorporar un cuarto inciso al artículo 153 de la siguiente manera: «Los tribunales de justicia y las instancias con independencia legal que conforman el Poder Judicial están obligados a adherirse a los valores de honestidad, claridad en la información y responsabilidad por sus acciones. 

Por su parte, la bancada de Unidad para Chile, propone agregar: “En el ejercicio de la función jurisdiccional se considerarán las desventajas estructurales que sufren ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, con perspectiva intercultural y enfoque de género”.

También, esta subcomisión centró su debate en otros temas claves: Fiscales Judiciales, nombramiento de jueces, notarios, Conversadores y Archiveros judiciales.

Una de las propuestas fue abordada por la consejera constitucional, Ivón Guerra (UDI), quien sostuvo que lo presentado considera lo expuesto, en su momento, por los Fiscales Judiciales.

El inciso 4 del Art.162 consagra que “los fiscales judiciales realizarán las investigaciones por faltas disciplinarias y a la probidad (…). En esa línea, el consejero José González (Ind – RD), aseguró que se requiere, además de ser transparente, avanzar en la “rendición de cuentas más allá de la fiscalización”.

Por su parte, la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, revisó las enmiendas sobre desarrollo de actividades económicas. Durante la primera fase de la jornada, la subcomisión se enfocó en analizar las propuestas que plantean la implementación de limitaciones a las entidades estatales. Estas restricciones estarían destinadas a regular, supervisar o ejercer control sobre las actividades que están dentro de su ámbito de operación, así como el ejercicio de sus facultades en la gestión de infraestructuras de carácter público.

En relación con este aspecto, la consejera Karen Araya (PC) expresó su desaprobación hacia lo que denominó como un temor infundado al rol estatal, así como la limitada voluntad para fomentar el establecimiento de entidades públicas. Además, señaló que las modificaciones obstaculizan los progresos mínimos alcanzados con el proyecto preliminar.

Quien no estuvo muy de acuerdo fue el consejero Germán Becker (RN), respondiendo que no es miedo al Estado, sino que este “ha demostrado ser muy ineficiente” con los costos más altos que la empresa privada. 

Siguiendo la misma perspectiva, el comisionado Jaime Arancibia (RN) planteó que si estamos aceptando la premisa de que las empresas estatales compitan en un terreno equitativo con las entidades privadas en la misma industria, cualquier facultad que involucra la regulación o supervisión de su propio competidor podría comprometer la imparcialidad de dicha competencia.

Uno de los temas relevantes de esta subcomisión es la protección del medio ambiente, un ámbito que, al parecer, ha generado coincidencias entre las y los consejeros constitucionales.

Existen diferencias, dado que la propuesta republicana busca eliminar la palabra “protección” del título del capítulo XIII. Sin embargo, el consejero constitucional, Sebastián Figueroa, (PRep) manifestó que hay espacios para alcanzar acuerdos de unidad de propósitos. 

Desde RN, la consejera Pilar Cuevas, valoró la labor de la Comisión Experta. Además, mostró su voluntad para alcanzar acuerdos. 

Ahora bien, desde el oficialismo, el consejero Miguel Littin (PS) afirmó que para las y los chilenos es importante la protección del medio ambiente, por lo que esto no debería estar en discusión. “Tenemos la obligación moral, la obligación incuestionable de defender nuestra naturaleza”, aseguró.

En la misma subcomisión, a estos temas, se sumaron las discusiones en ámbitos como la participación ciudadana y energías renovables 

Foro Constitucional de la UC

Por otro lado, el Foro Constitucional UC ha elaborado un detallado documento crítico de 37 páginas dirigido al Consejo Constitucional y a la Comisión Experta, centrado en el análisis del anteproyecto de Constitución en lo referente al gobierno judicial. Los académicos de la Facultad de Derecho UC, José Francisco García, Angélica Burmester, Nicolás Frías, Alejandra Ovalle y Cristián Villalonga, proponen modificaciones sustanciales.

El análisis resalta que el anteproyecto introduce un modelo innovador y descentralizado para el gobierno judicial, en contraste con la tradición chilena que confiere estas funciones a la Corte Suprema desde los inicios de la República. 

A pesar de esta novedad, los autores argumentan que el diseño conlleva desafíos críticos, especialmente en relación con las propuestas de autonomías constitucionales y la creación de un consejo coordinador.

En respuesta, se sugieren reformas concretas, incluyendo la reducción a tres órganos para el gobierno judicial, la eliminación del Consejo Coordinador del Poder Judicial para que el legislador regule la coordinación, la recomendación de no establecer autonomías constitucionales para el gobierno judicial y la propuesta de asignar a la ley institucional la determinación de la estructura y alcance de la autonomía de cada órgano de gobierno judicial.

El proceso constitucional da un nuevo paso. Ahora cada una de las subcomisiones comenzarán la votación de las enmiendas que ya fueron debatidas durante las anteriores semanas.