Recurso de protección acogido.
Término anticipado de contrata no puede fundarse en hechos subjetivos, porque se vulnera la igualdad ante la ley.
El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata en contra del municipio de Providencia, y ordenó el pago de las remuneraciones restantes al año que duraba la contrata. Pero no ordenó el reintegro de la actora al no existir legitima confianza, debido a que las renovaciones no excedían los 5 años de prestación de servicios.
La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de Providencia, por terminar anticipadamente su contrata mientras se encontraba pendiente la apelación de dos anotaciones de demérito.
La actora sostuvo que ingresó a prestar servicios al municipio el 19 de julio de 2021, como profesional en el Departamento de Personas. Aduce que su contrata fue renovada el 1 de enero de 2022 “(…) hasta que sean necesarios sus servicios sin exceder del 31 de diciembre del 2022”, por medio de un decreto de fecha 25 de noviembre de 2021.
Esgrime que fue bien evaluada durante el año 2021, no obstante, en marzo de 2022 es notificada de dos anotaciones de demérito, las que apeló ante sus superior, sin existir aún respuesta del municipio. Acto seguido, el 26 de mayo de 2022 es notificada del término anticipado de su contrata, fundado en que su perfil no se adapta a las exigencias del cargo.
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