Pena mínima de 5 años para el delito de falsificación de marca puede ser desproporcionada al tenor del Derecho de la Unión Europea, resuelve el TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una cuestión prejudicial, que la falsificación de una marca puede ser calificada como infracción administrativa y delito a la vez, y que una pena mínima de cinco años de prisión puede resultar desproporcionada.

El caso versa sobre un litigio penal llevado a cabo en Bulgaria, en virtud del cual el dueño de una empresa fue acusado de falsificar prendas de vestir. Mediante una inspección a su local se corroboró que los signos utilizados en sus productos eran similares a marcas ya registradas. Por ello fue acusado de violar los derechos marcarios de los titulares por utilizar las marcas sin su consentimiento. En la legislación búlgara existen disposiciones que califican esta conducta tanto como delito penal e infracción administrativa.

Previo a dictar condena, el tribunal búlgaro planteó una cuestión prejudicial al TJUE para que interpretara si la sanción búlgara prevista para este delito (un mínimo de 5 años de cárcel) era compatible con el Derecho de la Unión, teniendo en cuenta lo elevado de la pena y la falta de criterios claros y precisos para determinar si el hecho debía ser calificado como delito o infracción administrativa.