La circunstancia del matrimonio no permite atribuir a la esposa del imputado la condición de personaje que gestiona intereses públicos como es el caso de su marido.

El Tribunal Supremo de España desestimó un recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la sentencia de instancia que condenó al diario EL MUNDO a indemnizar a una mujer por intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen.

El recurrente alegó que se falló vulnerando el libre ejercicio de la libertad de información, ya que si bien publicó un artículo en el que catalogaba al marido de la demandante como colaborador en la constitución de sociedades como empresas fantasmas para distraer fondos recibidos de subvenciones efectuadas por organismos del Estado marroquí y que dicha publicación fue acompañada de una fotografía correspondiente al documento de identidad de la demandante, no puede prevalecer el derecho a la propia imagen por sobre la libertad de información, en cuanto la información publicada decía relación con una investigación judicial por el presunto delito de fraude, respecto del cual estaba implicado el esposo, quien tenía el cargo de secretario general del Consejo de la Comunidad Marroquí en España, es decir, el interés público que suscitaban los hechos investigados, justificaban al diario informar sobre los mismos, incluso con identificación de los afectados o relacionados.

El máximo Tribunal refiere que, “(…) el derecho a la propia imagen no comprende el derecho incondicionado y sin reservas de impedir que los rasgos físicos que identifican a la persona se capten o difundan pues, como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto, y por ello su contenido se encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales. En consecuencia, el derecho a la propia imagen puede decaer frente al legítimo ejercicio de las libertades de información o de expresión, cuando estas se ejercitan conforme a parámetros constitucionales.”