Con fecha 30 de diciembre de 2023, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.641, que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras.
La ley, iniciada por mensaje del presidente Boric, encuentra su fundamento en las circunstancias económicas y financieras que el Banco Central de Chile (BCCh) ha debido enfrentar en los últimos años producto de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, lo que ha dejado de manifiesto la relevancia de contar con un sistema financiero resiliente, que contribuya a atenuar los efectos económicos y sociales de las crisis.
En tal sentido, el objeto de la ley es fortalecer la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras, para lo cual modifica diversos cuerpos normativos.
Así, modifica la ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, introduciendo modificaciones a la Protección Financiera Concursal de la que goza el deudor.
Por otro lado, agrega un nuevo artículo 140 que amplia lo que la referida ley entiende por obligaciones conexas; definiéndolas como aquellas que emanan tanto de “operaciones derivadas» como de “operaciones REPO”, siendo estas últimas operaciones de venta con pacto de retrocompra o de operaciones de compra con pacto de retroventa u otras operaciones equivalentes.
Luego, el artículo 2 modifica la Ley General de Bancos, en lo referido a la prohibición impuesta a dichas entidades, de anticipar el vencimiento de cualquier obligación o reestructurar pasivos sin autorización previa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de manera que ahora se excluye de su aplicación las obligaciones que emanen de “operaciones REPO”.
De la misma forma, excluye las obligaciones que emanen de este tipo de operaciones de la mantención de la vigencia y condiciones de pago de la que gozan los contratos y obligaciones celebrados por las empresas fiscalizadas una vez designado el inspector delegado o administrador provisional en los términos de la referida ley. A su vez, adecua el concepto de obligaciones conexas.
Por su lado, el artículo 3 de la ley introduce modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, agregando un nuevo inciso cuarto en el artículo 27 de la ley, en virtud del cual se establece que el Banco Central podrá otorgar financiamiento y refinanciamiento a las sociedades administradoras constituidas como Entidades de Contraparte Central a que se refiere la ley N° 20.345; y a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que cumplan con los requisitos de la Ley General de Cooperativas.
En la misma línea, modifica el tenor del artículo 36, permitiendo que, a las entidades ya mencionadas, el Banco Central pueda concederles créditos en caso de urgencia cuando éstas presenten problemas derivados de una falta transitoria de liquidez, bajo las reglas establecidas en la referida norma.
Por su parte, el nuevo artículo 33 bis, estipula y regula la facultad del Banco Central de retirar de circulación aquellas series o denominaciones de billetes o monedas que se hayan emitido bajo determinadas características, ya sea de composición, diseño, medidas de seguridad u otras especificaciones técnicas.
Otro cambio sustantivo es el establecido en el nuevo artículo 36 bis, que permite al Banco Central, excepcionalmente y por motivos fundados en el resguardo de la estabilidad del sistema financiero, comprar y vender en el mercado abierto valores mobiliarios y efectos de comercio emitidos por empresas bancarias, bajo los parámetros establecidos en la ley.
Por otro lado, modifica el delito tipificado en el artículo 64 de la ley, agregando a las conductas punibles la adquisición, almacenamiento, ingreso y egreso del país, y distribución de objetos cuya forma o apariencia los asemeje a monedas o billetes de curso legal.
Del mismo modo, se sanciona la fabricación, adquisición, ingreso y egreso del país, almacenamiento, comercialización y/o distribución de máquinas, cuños o cualquier instrumento que sirvan para falsificar dinero.
Por otra parte, el artículo 4 modifica la ley N° 20.345, sobre Sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros. Dentro de los principales cambios que se introducen a esta ley se encuentra la incorporación de un nuevo numeral quinto a su artículo 1, pasando el antiguo numeral quinto a ser el numeral sexto, para definir que se entenderá por “Entidad de contraparte central extranjera reconocida”.
En la misma línea, se introduce un nuevo Título VIII sobre “Reconocimiento de entidades de contraparte central extranjeras”, en él se regula esta materia estableciendo, entre otras cosas, que organismo puede reconocer a estas entidades, bajo que requisitos y condiciones se otorgará o se rechazará este reconocimiento, y bajo que parámetros se realizará su revocación.
Luego, el artículo 5 introduce modificaciones en la ley N° 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores. Se establece que el Registro de Valores al que se refiere el artículo 1 será llevado por la Comisión para el Mercado Financiero y no por la Superintendencia de Valores y Seguros. En esa línea se sustituye en todo el texto de la ley N°18.876 la expresión “Superintendencia” por “Comisión”.
Por otro lado, se agrega una nueva exigencia en el artículo 20 para que las empresas de depósito puedan desarrollar su objeto, que dice relación con que se debe cumplir con las exigencias de gobierno corporativo y gestión de riesgos que determine la Comisión para el Mercado Financiero.
El artículo 6 modifica la Ley General de Cooperativas, en la misma línea que las anteriores enmiendas introducidas por esta ley, ordenándose reemplazar la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por “Comisión para el Mercado Financiero”, todas las veces que aparece en el texto de la ley señalada.
Por otro lado, introduce modificaciones al artículo 19 bis en orden a establecer como excepción a la prohibición de devolución de cuotas de participación establecida en dicho artículo, a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la norma. Así las cosas, se establece que serán fiscalizadas permanentemente por la Comisión dichas cooperativas cuyo patrimonio sea igual o superior a las 400.000 unidades de fomento.
Por otro lado, establece que las cooperativas de ahorro y crédito no podrán efectuar inversiones en cuotas de participación de otras cooperativas, salvo las excepciones que la ley estipula.
A su vez, el artículo 7 modifica el Código Tributario, otorgando la facultad al director del Servicio de Impuestos Internos de establecer procedimientos simplificados para cumplir con la inscripción en el Rol Único Tributario exigida por la ley, siempre que se haga mediante resolución fundada y en casos calificados.
Sin perjuicio de lo anterior, introduce un nuevo artículo 66 bis que faculta a las instituciones bancarias o financieras corresponsales constituidas en Chile a solicitar al Servicio la inscripción de un Rol Único Tributario o el otorgamiento de algún número de identificación fiscal alternativo o de enrolamiento. Para esto la norma establece las condiciones con las que deben cumplir dichas identidades; enumerando los sujetos activos que pueden acceder al sistema simplificado o alternativo, que operaciones financieras serán amparadas por este procedimiento, que información deben proporcionar, se establece la obligación de informar ciertas materias, y que contribuyentes quedan excluidos de esta hipótesis.
En cuanto al artículo 8, éste introduce modificaciones al artículo 48 de la Ley de Mercado de Valores, en tanto establece que la bolsa de valores podrá suspender la transacción de uno o más valores por el plazo máximo de cinco días hábiles bursátiles siempre que se haga con el fin de resguardar el interés público y de los inversionistas. Del mismo modo, se le habilita a suspender las transacciones de todos los valores en simultáneo, por un plazo máximo de un día hábil bursátil, y por mayor tiempo cuando se realice con autorización de la Comisión para el Mercado Financiero.
Asimismo, el articulo 9 modifica el artículo 59 de la ley N° 20.712, sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales. En concreto se modifica el literal a) del referido articulo estableciendo como prohibición a los fondos mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados, el invertir los recursos del fondo en un porcentaje mayor a lo que determine o autorice la Comisión para el Mercado Financiero en activos que tengan determinadas características de liquidez y profundidad.
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Finalmente, a nivel transitorio establece que las entidades de contraparte central extranjeras que a la fecha hayan sido reconocidas por la Comisión para el Mercado Financiero mantendrán dicha calidad, que la Comisión para el Mercado Financiero deberá dictar dentro del plazo de treinta y seis meses la normativa que regule el cálculo de los activos ponderados por riesgo a que se refiere el artículo 87 de la Ley General de Cooperativas, y que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Comisión para el Mercado Financiero y, en lo que falte, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con los recursos que se traspasen de la Partida Tesoro Público.
Vea texto de Ley N° 21.641 e Historia de la Ley.