Se modifica la Ley de Fraudes a fin de corregir incentivos perversos que ha generado el marco legal actual, que permiten comportamientos que perjudican a los consumidores financieros como un conjunto e incluso resultan en la comisión de delitos.
Alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que le impide enervar la demanda acreditando que no concurre la causal invocada por el actor por no ser efectivos los hechos invocados en sustentos de la misma, ya que el estado de cesación de pagos es falso, en cuanto son productos de fraudes y engaños ejercidos por los hermanos Sauer, quienes utilizaron FACTOP y otras compañías para crear un mecanismo ilegal de financiamiento.
En la línea decisoria de la CMF, Matías Videla en razón de su cargo de CEO, poseía información privilegiada en el tiempo que llevó a cabo la adquisición de las acciones de Cencosud S.A., no guardó la debida reserva y además utilizó esta información en beneficio propio. Estamos en presencia entonces de una conducta empresarial que claramente no se enmarca en los principios de ética y de integridad que rigen en el mercado financiero.
La Novena Sala del tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia esté cubierta por alguna causal de reserva o secreto.
La Comisión para el Mercado Financiero omitió la notificación a los terceros interesados, incumpliendo el mandato del artículo 20 de la Ley de Transparencia. El máximo Tribunal invalidó la resolución recurrida, acotando la información que debe entregarse al peticionario, al considerar que a los terceros se les vulneró el derecho al debido proceso.
La Primera Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora.
La CMF señala que con la acción realizada se vulneró el interés público comprometido en la opinión de auditoría respecto a la situación financiera de una entidad aseguradora, lo que significó haber puesto en riesgo la confianza en el mercado de seguros.
Los clubes deportivos no informaron a la CMF de sus estados financieros en tiempo y forma.
El universo de clientes afectados supera los 150.000.
Señala que existe una discrepancia entre los plazos para inscribir acciones y solicitar la cancelación de tal inscripción.
Solo basta iniciar la tramitación de la posesión efectiva para detener los plazos.
