Norma que impide a Corporación Educacional celebrar contratos con el Estado si es condenada por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo, y el artículo 1, número 9), letra c), de la Ley N°20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

Los preceptos legales impugnados establecen:

“Artículo 4.- (…) Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.” (Art. 4, inciso primero, segunda parte, Ley N°19.886).