Recurso de protección rechazado, confirma la Corte Suprema.
Contrata por solo un período no habilita a funcionaria para invocar el principio de legitima confianza para revertir la no renovación del vínculo estatutario.
Pese a que desde el año 2019 la recurrente ejercía como administrativa del municipio de El Monte, mediante sucesivos contratos de trabajo a plazo fijo, solamente desde el año 2022 fue nombrada como contrata, por lo que sólo un nombramiento en dicha calidad no ampara a la actora bajo la legítima confianza, y la no renovación de su contrata para el período 2023 se ajustó a derecho.
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de San Miguel, que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de un decreto alcaldicio, que no renovó la contrata de la recurrente con la Municipalidad de El Monte.
La actora sostuvo prestar servicios para el municipio desde el 1 de abril de 2019 hasta el 29 de noviembre de 2022, fecha en que le fue comunicada la decisión de no renovar su contrata.
Refiere que se desempeñó como administrativa en la oficina de organizaciones comunitarias, y que el acto impugnado vulnera la igualdad ante la ley, la libertad del trabajo y el derecho de propiedad; por lo tanto, solicita a la Corte que el decreto sea dejado sin efecto, por carecer -además- de la motivación suficiente, pues no argumenta por qué en opinión del municipio, la recurrente no se encuentra amparada por el principio de legítima confianza.
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