Contraloría actúa en ejercicio de sus facultades al resolver, con motivos suficientes, que el término de la contrata de la recurrente se ajustó a derecho.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso de protección interpuesto por una ex funcionaria de la Seremi de Bienes Nacionales en contra de la Contraloría General de la República, por dictaminar que la recurrente no cumple con los requisitos para asilarse en el principio de la confianza legítima a fin de que se renueve su contrata.

La actora expone que cuenta con dos años de renovación de contrata en la Seremi y considera lesivo lo resuelto por el ente Contralor al dictaminar que “la contrata no alcanza las dos renovaciones anuales exigidas para que el principio citado le sea aplicable, de lo que se colige que el término de su vinculación se produjo por expreso mandato de la ley (…), siendo inoficioso pronunciarse acerca de los fundamentos de la decisión impugnada, debiendo rechazarse el reclamo.

Denuncia como garantías constitucionales conculcadas la igualdad ante la ley, por cuanto se ha visto privada de su trabajo, mediante un acto administrativo que carece de fundamentación y que cae en la ilegalidad y arbitrariedad, al establecer diferencias o discriminación respecto a los funcionarios a los que se ha dado término a su contrata mediante un acto motivado.