Un juez del Tribunal Federal de Canadá dictaminó que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau invocó de manera inconstitucional e injustificada la Ley de Emergencias en respuesta a los bloqueos continuos del “Convoy de la Libertad” (Freedom Convoy), protestas protagonizadas por camioneros que se opusieron a las restricciones sanitarias ordenadas durante la pandemia del Covid-19 (2022).
En aquel entonces el gobierno anunció la aplicación de los poderes excepcionales de la Ley de Emergencias para hacer frente a los prolongados bloqueos del Freedom Convoy en Ottawa. Durante poco más de una semana, la ley se utilizó para congelar cuentas bancarias, obligar a empresas de grúas a colaborar en la limpieza de bloqueos y declarar zonas del centro de Ottawa como áreas prohibidas. Además, se buscó prevenir el regreso de manifestantes que habían bloqueado la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
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Casi dos años después el Tribunal Federal determinó que el Freedom Convoy no constituía una amenaza lo suficientemente grave para la seguridad nacional como para justificar la invocación de la Ley de Emergencias. El juez argumentó que el daño a la economía no equivalía a una amenaza o al uso de violencia grave. Además, declaró que el gobierno violó los derechos establecidos en la Carta de derechos de los ciudadanos afectados por las medidas impuestas contra los actos de desobediencia.
“La emergencia no está en el ojo de quien mira. Los poderes de emergencia son necesarios en circunstancias extremas, pero también son peligrosos para la democracia. Deben usarse con moderación y cuidado. No pueden utilizarse ni siquiera para abordar una manifestación masiva y perturbadora si eso se hubiera podido abordar mediante medidas policiales y leyes regulares. El umbral para invocar la Ley de Emergencias es extremadamente alto. El gobierno debe demostrar que existe una emergencia derivada de amenazas a la seguridad de Canadá y que esa emergencia realmente tiene un alcance nacional. En el caso concreto este umbral no se alcanzó”, señala la Corte.
“He llegado a la conclusión de que la decisión de emitir la proclamación no tiene las características de razonabilidad (justificación, transparencia e inteligibilidad) y no estaba justificada en relación con las limitaciones fácticas y jurídicas pertinentes que debían tomarse en consideración», concluye el juez en la sentencia.