Estos cambios surgen en un contexto marcado por un aumento de la violencia en Ecuador, que ha provocado la muerte de numerosos funcionarios públicos a manos de criminales, incluyendo a un candidato presidencial. La declaración por parte del Presidente Noboa de un «conflicto armado interno» en el país subraya la gravedad de la situación.
Esto luego que la comisión especializada diera su respaldo a la moción que apunta a regular la forma y circunstancia en que los uniformados –en tiempos de paz- deben resguardar la seguridad y orden empleando sus armas.
Según el gobierno, es necesaria para proteger a la sociedad de individuos que han demostrado ser peligrosos y que podrían seguir representando un riesgo incluso después de cumplir su tiempo en prisión. La decisión de aplicarla seguirá siendo discrecional y estará sujeta a la aprobación del Ministro del Interior.
A nivel regional, entre los años 2021 y 2023, la región Metropolitana encabeza un total de 58 defunciones por ese motivo, seguida de la región del Biobío. No obstante, la región de Tarapacá es la que tiene mayor tasa con respecto a su población (por cada 100.000 habitantes), cuya comuna más afectada corresponde a la de Iquique.
El aumento de homicidios no es homogéneo a nivel regional, existiendo diferencias enormes entre la que cuenta con una tasa más alta (Arica y Parinacota) y la más baja (Magallanes), dando cuenta de una tendencia a que las más altas se concentren en el extremo norte y, en cambio, las más bajas, en el extremo sur.
En el marco de la votación del proyecto que fija, entre otros temas, las labores de los inspectores, la Comisión de Gobierno Interior respaldó la propuesta de prohibir realizar actos propios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Las preguntas buscan abordar el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad, imponer castigos más fuertes al crimen organizado y fomentar empleo.
La migración irregular disminuyó un 23%; se concretaron 920 expulsiones de personas de nacionalidad extranjera y 14 mausoleos narco fueron demolidos para recuperar los espacios públicos.
El objeto de la ley es hacerse cargo del incremento sostenido de la población que ingresa a los establecimientos penitenciarios, ya sea para cumplir la medida de prisión preventiva o una condena penal y, a la vez, dar solución al hacinamiento y la falta de plazas disponibles en los recintos penales.
Conocida como ley de cámaras corporales, se espera que entregue más seguridad a las policías al permitir contar con un registro de los procedimientos policiales.
La iniciativa tiene por objeto aumentar la eficacia de la actuación policial y de los fiscales, a fin de asegurar la mejor prueba posible. A su juicio del Tribunal, solo la oración “previa orden de destrucción emanada del Ministerio Público” reviste naturaleza propia de ley orgánica constitucional, y se ajusta a la Constitución en el entendido que se precisa en el fallo.
