Rappi debe abstenerse de vulnerar el derecho de petición y el debido proceso de sus repartidores independientes al aplicar sanciones, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta por un trabajador independiente que prestaba servicios para la empresa Rappi, que fue desvinculado en forma intempestiva y arbitraria por presuntos incumplimientos que no fueron debidamente detallados. Amparó sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso.

El accionante, que trabajaba como repartidor independiente de Rappi (“Rappitendero autorizado”), fue sancionado con la desactivación de su cuenta en la aplicación “Soy Rappi”, necesaria para recepcionar los pedidos en su trabajo. La empresa fundó su decisión en los presuntos incumplimientos del trabajador, al que acusó de infringir “las políticas de desactivaciones de la comunidad Soy Rappi.”

La empresa no precisó los motivos de su desvinculación, por lo que el trabajador accionó judicialmente en su contra, aduciendo que Rappi tomó su decisión sin otorgarle la posibilidad de defenderse y ser oído. Sin embargo, su pretensión fue desestimada en primera y segunda instancia.