Funcionario que no desempeña labores por encontrarse en prisión preventiva, no puede percibir remuneraciones por el período en que se vio privado de libertad, a menos que sea absuelto o sobreseído definitivamente.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), solicitó a la Contraloría General de la República dejar sin efecto la suspensión del pago de sus remuneraciones mientras estuvo en prisión preventiva, por cuanto estima que estaría amparado por lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 21.560.

Al respecto, la Contraloría General manifestó que el decreto ley N° 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la PDI, en su artículo 7° quáter, inciso octavo -incorporado por el artículo 4° de la ley N° 21.560-, precisa que: “El funcionario policial que en ejercicio de su cargo o con ocasión de éste haga uso de su arma de servicio, armamento menos letal o elementos no letales, para rechazar alguna violencia o vencer la resistencia contra la autoridad, no podrá ser separado de sus funciones ni ver afectada su remuneración, mientras no concluya la investigación administrativa respectiva”.

Por su parte, según el artículo 97 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional -Estatuto del Personal de la PDI-indica que el personal tiene derecho, como retribución por sus servicios, a las remuneraciones y demás beneficios que determine la ley.