Prevalecen los derechos colectivos de la comunidad.
Requisito de residencia establecido para personas que optan a cargos de autoridad en un territorio indígena no es inconstitucional, resuelve la Corte Suprema de Canadá.
El requisito de residencia protege la diferencia indígena, entendida como los intereses relacionados con el legado cultural aborigen, su ocupación y soberanía y la participación aborigen en el proceso del tratado. La reclamación deroga este derecho, con el que está en conflicto irreconciliable; en consecuencia, de conformidad con la sección 25, 15(1) no puede hacerse efectiva.

La Corte Suprema de Canadá confirmó la constitucionalidad de una normativa indígena que establece que los miembros de una Primera Nación de Yukón (Canadá) que deseen optar a cargos de autoridad deben residir en la comunidad, dictaminando que no vulnera el derecho a la igualdad y que no es discriminatoria. Además, estableció que la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (la Carta) sí es aplicable a las naciones indígenas como en este caso.
El asunto versa sobre una mujer perteneciente a la Primera Nación Vuntut Gwitchin (VGFN) que impugnó una regla de residencia establecida por la Constitución de esta comunidad indígena. Esta estipula que todos los jefes y concejales deben residir en las tierras de la VGFN o que se muden allí dentro de los 14 días posteriores a su elección.
Como vive en otra localidad y no puede mudarse a Old Crow (territorio de la VGFN) por el estado de salud de su hijo, adujo que esta regla violaba su derecho a la igualdad en virtud de la Sección 15 (1) de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, por lo que accionó judicialmente para impugnar la norma. No obstante, su pretensión fue rechazada en instancia, por lo que interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
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