Violó el derecho a la estabilidad laboral de los magistrados.
Corte IDH condena a Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de jueces de la Corte Suprema del país.
El Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad, protegido por el artículo 23.1.c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras por su responsabilidad internacional en la destitución arbitraria e ilegal dictada contra jueces de la Corte Suprema del país. Del mismo modo, constató que el Estado incumplió su deber de investigar las amenazas y hostigamientos que habrían sufrido las víctimas tras su destitución, por lo que deberá cumplir una serie de medidas de reparación.
El caso tiene su origen en la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en 2012, tras la emisión de tres fallos de inconstitucionalidad criticados por el Poder Ejecutivo. El Congreso Nacional, en una sesión rodeada por fuerzas militares y policiales, aprobó la destitución aduciendo que los fallos mostraban una incongruencia con la política de seguridad del Estado.
Posteriormente, los magistrados presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por la nueva Sala de lo Constitucional conformada tras la destitución, lo que generó preocupaciones sobre la independencia judicial y las garantías de debido proceso. En aquel entonces la Corte adujo que los actos del Congreso no eran susceptibles de ser impugnados vía amparo.
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