El Consejo del Colegio de Abogados de Chile A.G. expresó su enérgico rechazo ante los hechos denunciados por la prensa que involucran a abogados y a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se investigarán posibles responsabilidades éticas y penales.
Los opositores a las reformas han expresado preocupación sobre una posible afectación a la independencia judicial. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha emitido observaciones similares, señalando que la elección de funcionarios judiciales mediante el voto popular podría permitir al partido gobernante ejercer una influencia indebida.
Al adoptar la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, los Estados se comprometen a consolidar la democracia y reconocen que es necesaria para alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Estos dos instrumentos establecen que la independencia judicial es un elemento esencial de todo sistema democrático.
Las condiciones materiales y las normas de procedimiento relativas al nombramiento de los Jueces del TGUE deben permitir que se excluya cualquier duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a que dichos Jueces reúnen las exigencias de independencia y de capacidad profesional para ejercer el cargo de Juez del Tribunal General de la Unión Europea.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ratificó las sanciones aplicadas a dos jueces por perjudicar los derechos de una niña víctima de un delito sexual, al emitir comentarios inadecuados para su rol judicial y que resultaron altamente revictimizantes.
La publicación de este informe pone de relieve diversos aspectos que requieren atención en Hungría, Italia y Eslovaquia, en relación con el Estado de Derecho. La Comisión Europea, a través de este documento, ofrece un análisis detallado y recomendaciones específicas para abordar las deficiencias identificadas en cada uno de estos países.
La garantía de acceso a un tribunal independiente y establecido previamente por la ley implica que la sala del órgano jurisdiccional que esté a cargo del asunto adopte ella sola la resolución que ponga fin al proceso. La composición de las salas debe ser objeto de reglas transparentes y conocidas por los justiciables a fin de excluir cualquier injerencia indebida procedente de personas externas a la sala y ante las cuales las partes no hayan podido formular alegaciones.
El propósito de la visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017. En especial, observará la situación de derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género.
Una persona razonable e informada, que analice el asunto de manera realista y práctica y lo haya pensado detenidamente, no concluiría que el estatus de oficiales de los jueces militares suscita algún temor de parcialidad o que equivale a una falta de independencia suficiente como para que exista un incumplimiento de la Sección 11 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
La reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras, pone de relieve un caso en donde el Poder Ejecutivo realizó un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial hondureño destituyendo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.
Polémica reforma se plantea en México para la elección del poder judicial federal.
