La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de trece líderes del Consejo Comunitario de las comunidades negras de La Plata Bahía Málaga (Colombia), debido a las constantes amenazas que han sufrido a manos de grupos criminales. Constató que los requisitos de urgencia, gravedad y riesgo de irreparabilidad, necesarios para dictar una medida cautelar, se cumplen en el caso concreto.
Según la solicitud, el Consejo se ha enfrentado a serias amenazas por parte de grupos armados ilegales que buscan controlar la región. En un incidente ocurrido en enero de 2024, un grupo armado intentó tomar el control del Consejo Comunitario mediante el uso de armas de fuego y amenazas de secuestro. Al día siguiente, regresaron y realizaron disparos indiscriminados, sembrando el miedo en la comunidad.
Posteriormente, los miembros del Consejo recibieron solicitudes de reunión por parte de estos grupos en una vereda cercana a Bahía Málaga, la cual se cree que es utilizada como base de operaciones por los delincuentes. A pesar de las denuncias y solicitudes de protección, las autoridades no tomaron medidas efectivas, lo que resultó en el confinamiento de las comunidades y el desplazamiento de líderes comunitarios.
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En su análisis de fondo, la CIDH observa que, “(…) se advierte la existencia de múltiples factores que, estudiados en su conjunto, contribuyen para evaluar el contexto de las personas propuestas como beneficiarias. En ese sentido, según la información disponible, la Comisión halla que las personas propuestas beneficiarias están continuamente expuestas a: amenazas de muerte; ser declaradas objetivos militares; irrupciones de integrantes de grupos armados en su territorio; seguimientos de grupos armados; desplazamientos forzados; convocatorias de grupos armados bajo intimidaciones y amenazas de muertes; intentos de secuestro; y expuestos a eventuales daños materiales a sus bienes para sus actividades de supervivencia”.
Agrega que “(…) la Comisión no posee información sobre la posible identificación de los responsables de las amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados contra las personas propuestas como beneficiarias, lo cual es crucial para evaluar las condiciones de seguridad. Lo anterior, resulta un aspecto relevante al momento de establecer el riesgo que enfrentarían las personas propuestas beneficiarias y las posibilidades de que se repitan, especialmente al considerar que grupos armados seguirían operando en el territorio del Consejo Comunitario”.
Comprueba que “(…) el reconocimiento de distintas autoridades de que “la protección a este Consejo Comunitario es una acción urgente para evitar que los grupos armados ilegales establezcan un dominio total del corredor de movilidad del Pacífico bonaverense”, según el informe elaborado por las distintas autoridades presentes en la misión humanitaria en febrero de 2024. A la luz de lo anterior, la respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría que estas no se han implementado”.
La CIDH concluye que, “(…) también está cumplido ante la inminente materialización de una posible afectación a la vida e integridad de las trece personas identificadas integrantes del Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga, tras la incursión de un grupo armado ilegal en su territorio en enero de 2024 y por la continuidad de las amenazas que llevaron al desplazamiento de líderes sociales. La CIDH observa que la situación viene agravándose en el tiempo, siendo que recientemente los miembros del Consejo Comunitario fueron convocados para una reunión en el grupo armado ilegal”.
Al tenor de lo expuesto, la CIDH solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los beneficiaros. También deberá garantizar que los desplazados puedan regresar de manera segura a su comunidad.