Tribunal Constitucional de España anula sentencia dictada contra mujer que fue obligada a practicarse una alcoholemia en un procedimiento viciado, a pesar de conducir bajo la influencia del alcohol.

El Tribunal Constitucional de España acogió parcialmente el recurso de amparo deducido por una conductora que fue obligada a trasladarse a una comisaría para practicarse una alcoholemia, a pesar de que los agentes que intervinieron en el procedimiento no eran competentes para realizar esta diligencia. Constató una vulneración de sus derechos de defensa, libertad personal y presunción de inocencia, al estimar que no consintió libremente su traslado.

Según se narra en los hechos, la mujer fue fiscalizada por efectivos de la Policía Nacional por una posible conducción bajo la influencia del alcohol. Si bien los agentes contactaron a la policía municipal de tránsito para practicar una alcoholemia a la mujer, esta no acudió al lugar. Por ello solicitaron a la conductora que se apersonara en la comisaría municipal para practicarle el test, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia.

Tras la prueba fue condenada por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol por el juez a quo. La mujer recurrió el fallo en instancia, aduciendo que el procedimiento estuvo viciado y que fue obligada a apersonarse en la comisaría, a pesar de que la Policía Nacional era incompetente. No obstante, el tribunal estimó que los agentes «convencieron” a la recurrente, mediante una constante “labor de persuasión para que les acompañara voluntariamente a comisaría a efectos de realización de la prueba, a la que estaba obligada a someterse”. El fallo fue impugnado en sede constitucional.