El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró inadmisible la demanda interpuesta contra Lituania por negar la entrada a un famoso artista musical ruso, aduciendo razones de seguridad nacional. Dictaminó que el artículo 10 (libertad de expresión) y el artículo 1 del Protocolo Nº 1 (protección de la propiedad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos no fueron vulnerados.
Según los hechos narrados, las autoridades lituanas prohibieron la entrada al cantante ruso-búlgaro Filip Bedros Kirkorov, por un lapso de 5 años. Alegaron preocupaciones por su cercanía con Vladimir Putin y su apoyo a la anexión de Crimea por parte de Rusia mediante multitudinarios conciertos. Kirkorov adujo que era un artista apolítico cuyas presentaciones se centraban en temas como el amor y las relaciones humanas.
Su apelación judicial fue desestimada por los tribunales lituanos, que decidieron mantener la medida dictada en su contra. Consideraron que el comportamiento del artista justificaba la prohibición y que esta no era desproporcionada. Además, señalaron que Kirkorov no tenía vínculos familiares, sociales o económicos con Lituania, y que su derecho a dar conciertos en Estados miembros de la UE no había sido afectado. El hombre impugnó la prohibición ante el TEDH, alegando que sus derechos como ciudadano europeo, por ser nacional de Bulgaria, habían sido conculcados.
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En su análisis de fondo, el Tribunal observa que “(…) la decisión de imponer la prohibición se basó en datos objetivos y motivados, es decir, en las declaraciones y el comportamiento del demandante, no en suposiciones. De hecho, como señalaron las autoridades de inmigración y los tribunales nacionales, el demandante no había negado el hecho de que apoyaba las acciones de la Federación Rusa en la península de Crimea”.
Agrega que “(…) las autoridades alegaron de que Rusia había utilizado diversos medios de propaganda, entre ellos la televisión, las redes sociales, películas y cantantes famosos, como el demandante, contra los Estados bálticos. Los tribunales nacionales mencionaron esta explicación al justificar la prohibición. De hecho, tanto el parlamento lituano–en su Resolución sobre la aprobación de la estrategia de seguridad nacional– como el Parlamento Europeo –en su resolución de 2016 sobre la comunicación estratégica de la UE para contrarrestar la propaganda– habían reconocido la necesidad de exponer la desinformación y la guerra propagandística rusas”.
Comprueba que, “(…) en general, no había nada en el expediente del caso que sugiriera que los tribunales nacionales se hubieran equivocado en su evaluación de los hechos o hubieran aplicado la ley de manera arbitraria o irrazonable. Además, las decisiones de los tribunales que confirmaron la prohibición se adoptaron después de escuchar la posición del demandante”.
El Tribunal concluye que “(…) la prohibición no había sido desproporcionada, ya que había tenido en cuenta que los derechos del actor como ciudadano de la UE sólo se habían restringido en lo que respecta a su entrada en Lituania y que, en cualquier caso, no tenía familia, vínculos sociales o económicos con el país. Por ello, es inadmisible la reclamación del demandante en virtud del artículo 10 por ser manifiestamente infundada”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal declaró inadmisible la demanda en todas sus partes.
Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 12174/22.