El actor fue descalificado solo seis días después de haber sido inscrito en la lista de candidatos a las elecciones a la Duma Estatal de Rusia. Los tribunales rusos basaron su decisión en el apoyo del demandante a Navalny, que había expresado participando en una manifestación y animando a otros a hacer lo mismo.
No habría sido posible celebrar un juicio en ningún caso, porque las autoridades estadounidenses no hubieran entregado a los militares acusados y la ley española no autorizaba sentencias en rebeldía; y no se excluía la reapertura del procedimiento en el caso de que el imputado ingresara en la esfera de jurisdicción de España viajando a ese país. Por último, el demandante podría haber iniciado una acción civil al margen del proceso penal.
El Tribunal Constitucional incumplió su obligación de comunicar a los demandantes razones válidas para justificar su decisión de rechazar los recursos, lo que equivale a una violación del artículo 6 del Convenio. Como resultado de esta decisión, los demandantes ahora tendrán la posibilidad de obtener la reapertura del procedimiento que les concierne.
Los Estados tienen una discrecionalidad algo más amplia en lo que respecta a la educación preescolar. Al restablecer el uso del letón como lengua de instrucción y aplicar gradualmente la reforma educativa con respecto a esta educación. Letonia no se ha excedido en esa discreción, ya que ha mantenido la capacidad de los alumnos de habla rusa para aprender su idioma y preservar su cultura e identidad.
No se puede considerar que las autoridades hubieran subestimado el riesgo de un ataque terrorista o que una inteligencia más precisa, una mejor planificación y recurrir a otras medidas preventivas hubieran evitado los eventos que llevaron a la muerte de varias personas y a la lesión del demandante.
Las autoridades pusieron fin a la custodia del demandante sobre sus dos hijos adoptivos esencialmente debido a su transexualidad, su cambio de identidad de género y la consiguiente alteración de la «familia tradicional», definida en la legislación nacional como la unión de un hombre y una mujer.
No se puede decir que la negativa de indemnización por parte de las autoridades atribuya culpa penal a los demandantes. La denegación de las reclamaciones de indemnización de los demandantes en virtud del artículo 133 (1ZA) de la Ley de 1988 no violó la presunción de inocencia en su segundo aspecto.
Los Estados están dispensados de responder ante un organismo internacional por sus actos antes de haber tenido la oportunidad de arreglar los asuntos a través de su propio sistema legal. En el presente caso, el demandante no agotó los recursos internos.
El procesamiento y condena de los «presos políticos ucranianos» a los que se refiere Ucrania tenía un motivo oculto: castigar y silenciar cualquier oposición política. De hecho, el caso de los “presos políticos ucranianos” fue emblemático de un patrón de procesamientos en represalia y abuso del derecho penal y de una represión general contra la oposición a las políticas rusas en Crimea.
No existe fundamento alguno para concluir que el hecho de que las autoridades de planificación no mencionaran durante el procedimiento de aprobación de la planificación que era posible que eventualmente se utilizaran rutas de vuelo diferentes hubiera infringido los derechos de los demandantes en virtud del artículo 8 del Convenio.
Cuando una ONG llama la atención sobre cuestiones de interés público, está ejerciendo un papel similar al de la prensa y podría caracterizarse como un “vigilante” social. Además, la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que naturalmente tiene como objetivo provocar y agitar, contribuyendo así al debate público.
