Diario Constitucional

Vulnerabilidades en sistemas

Ciberseguridad y Responsabilidades del Sector Público

No podemos compartir dicha premisa de esperar a futuras leyes de ciberseguridad, de delitos informáticos o de tratamiento de datos personales para fundar legalmente la responsabilidad de los servicios públicos ante posibles negligencias, y por cierto tampoco para el sector privado.

27 de diciembre de 2020·6 min de lectura
Imagen: www.sccenlared.es/
Referencial

1.Resulta algo inquietante escuchar de especialistas en diversas áreas del conocimiento una supuesta “espera de futuras regulaciones” en ciberseguridad y protección de datos personales, como si la legislación actual fuese un impedimento para dar cumplimiento al derecho fundamental de la protección de datos personales o a las obligaciones relativas a la ciberseguridad.

  1. No podemos compartir dicha premisa de esperar a futuras leyes de ciberseguridad, de delitos informáticos o de tratamiento de datos personales para fundar legalmente la responsabilidad de los servicios públicos ante posibles negligencias, y por cierto tampoco para el sector privado. A esta fecha en Chile ya están establecidas claramente responsabilidades y obligaciones para cuando ocurren situaciones que pueden posibilitar el acceso –por ejemplo- a información personal de los chilenos, las que se pueden optimizar y especificar, pero el sistema de Derecho Público relacionado con la seguridad de sistemas y la ciberseguridad de servidores y redes tiene herramientas jurídicas para responder a vulnerabilidades y negligencias.

  2. El marco jurídico de Derecho Público existe desde hace años, aunque pareciera que se le desconoce cuando mediante la prensa sistemáticamente se hacen llamados a apurar leyes futuras y se remiten instrucciones o recomendaciones generales, sin tener competencia para ello. Si, bien las recomendaciones de cumplimiento legal siempre son bienvenidas, dichas acciones más bien han aportado a la desinformación, y nos recuerdan la necesidad de contar a la brevedad con una autoridad de control especializada, que cuente con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la protección de datos personales y entender su rol en las democracias occidentales, en especial en su relación con los derechos humanos y en la economía digital.

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