Diario Constitucional

Conflicto de interés presidencial

Comentarios sobre la acusación constitucional contra el Presidente de la República.

El Congreso, al conocer y resolver sobre una acusación constitucional, ejerce una facultad jurisdiccional que debe cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos, pero la naturaleza del control que ejerce es tanto político como jurídico, entendiéndose como otro órgano más a cargo de la interpretación constitucional.

08 de octubre de 2021·14 min de lectura
Imagen: Diario Concepción.
Referencial

Con fecha 04 de octubre del presente año el diario La Tercera publicó una nota donde se explican algunas claves para entender los “Pandora Papers” y su vínculo con Chile. En ella, se indica que los Pandora Papers son un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el que participaron 150 medios y más de 600 periodistas de todo el mundo, que tras dos años de investigación se reveló, en relación con el Presidente Sebastián Piñera, su vínculo con las llamadas sociedades offshore, es decir, sociedades en paraísos fiscales.

En ese contexto, se dio cuenta de un negocio entre el Presidente y el empresario Carlos Délano en relación al proyecto minero Dominga, en donde se condicionaba el pago de la tercera cuota de la venta de dicho proyecto, a que la zona de emplazamiento no se transformara en una zona de exclusión, decisión que le corresponde a la Administración en el período en que Piñera ejerce como Presidente. Se hace la precisión, en todo caso, que los participantes de la sociedad serían los hijos del Presidente Sebastián Piñera y no él mismo.

La venta se habría decidido el año 2010, año en que comienza el primer Gobierno de Piñera, que se realizaría en dos fases: una en Santiago y la otra en Islas Vírgenes. El pago, por su parte, se realizaría en tres cuotas, la última de ellas, equivalente a 9,9 millones de dólares, condicionada a que el emplazamiento de Dominga no se estableciera como área de protección ambiental. No obstante, sostiene el Gobierno, el Presidente no habría tenido participación ni información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, y además, el hecho ya habría sido investigado y la causa cerrada a recomendación de la Fiscalía por inexistencia del delito (investigación a cargo del Fiscal Guerra), decisión ratificada por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones respectiva.

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