La información previa a la iniciación de un procedimiento administrativo regulado por la Ley N° 19.880. Una institución escasamente desarrollada y limitadamente utilizada por la Administración del Estado

Previo a la etapa de iniciación de un procedimiento administrativo -entendido conforme al artículo 18 de la Ley N° 19.880, como una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal-, es posible que el órgano ejerza la potestad pública conferida por el inciso 2° del artículo 29 de la Ley N° 19.880, lo que en su caso, dará lugar a la realización de ciertas actuaciones, que si bien se encuentran escasamente desarrolladas en nuestro medio jurídico nacional, pueden resultar de gran utilidad para el quehacer administrativo. Posiblemente dicho escaso desarrollo, ha traído aparejado adicionalmente, una limitada utilización por parte de la Administración del Estado.

En el marco de la Ley N° 19.880, a lo cual se circunscribe esta columna, el inciso 2° del artículo 29 refiere al período de información previa, señalando que “con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento”, el cual de conformidad con el artículo 28, puede iniciarse de oficio o por solicitud de persona interesada. El inciso 1° del artículo 29, complementa lo anterior, prescribiendo que se entiende iniciado de oficio un procedimiento, cuando lo es por propia iniciativa del órgano, como consecuencia de una orden superior, a solicitud de otros órganos o por denuncia.

La institución de la información previa supone la posibilidad de que exista lo que denominaremos una etapa pre procedimental, que podrá dar lugar con posterioridad, a la iniciación de un procedimiento administrativo o no, según la naturaleza de los antecedentes que se recopilen y la ponderación que de aquellos se haga por el órgano administrativo competente. De este modo, del tenor literal de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 29 de la Ley N° 19.880, es posible desprender que la finalidad precisa de la información previa es conocer las circunstancias del caso concreto, para a partir de ello, determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.