Los hechos constituyen el delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas, ya que todas las expresiones e intentos de comunicación por parte del acusado fueron ejercidas con la intención de atemorizar y menoscabar – e forma flagrante- la integridad psíquica y moral de la víctima.

Tribunal otorgó la protección solicitada para garantizar los derechos de la actriz, los que razonablemente cobran mayor relevancia por atentar contra la dignidad, honor y seguridad de una mujer.

No es posible constatar el hecho preciso que vulnere los derechos expresados por el recurrente, más si se considera que ambas partes manifiestan diferencias y agresiones mutuas.

El máximo Tribunal estimó que el ingreso del personal policial al domicilio de la condenada, para levantar evidencia incriminatoria, no vulneró el debido proceso, debido a que los agentes actuaron amparados bajo la facultad de realizar actos autónomos que les reconoce el articulo 83 y siguientes del Código Procesal Penal.

La jurisprudencia ha declarado que la intimidación, como medio conminatorio y coactivo para forzar el cambio de actuación procesal, debe entenderse en un sentido amplio, habiéndose apreciado dicho delito cuando las expresiones expuestas incluso en tono moderado, son suficientemente significativas para atemorizar al denunciante.

Exteriorizar fuera del ámbito contractual que rige a las partes respecto del cumplimiento o no de las obligaciones por ellas contraídas, constituye una amenaza que puede afectar la garantía individual a la honra.

Tal acto pone de manifiesto la flagrancia en la comisión del delito de porte ilegal de arma de fuego, no siendo relevante la identidad de quien haya alertado a la policía, ni la autorización para ingresar al inmueble donde se parapetó el actor para repeler a los agentes.

El recurrido cuestionó que se le considerara una condena previa como responsable penal adolescente, no obstante, el máximo Tribunal refiere que tal yerro es improcedente por acusarse por medio de la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, la que no es idónea para tal objetivo.

Si bien las expresiones vertidas en correos electrónicos se realizan para denostar al actor al constituir comunicaciones privadas descarta que vulneren su derecho a la honra, pero al constituir amenazas corresponde remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Si el declarante ha sido amenazado para evitar que exponga en juicio, la ley permite que deponga de forma privada ante el tribunal, sin que este hecho vulnere el debido proceso del imputado.