Dicho estatuto regula un mecanismo especial para exigir el pago de lo adeudado.
El estudiante al cambiarse a la misma carrera en otra universidad, no ha incurrido en la causal de pérdida del CAE.
La recurrida cumplió con la entrega del informe gratuito.
La idea es activar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República estableciéndole un plazo para que presente un proyecto de ley que establezca un mecanismo administrado y financiado por el Estado para extinguir las deudas contraídas por los estudiantes para financiar su educación superior, liberándolos de la carga patrimonial que arrastran.
La Sala del Senado respaldó con votación de mayoría la idea de legislar de la iniciativa que apunta a mejorar las condiciones de pago por deudas en educación. Además, se hicieron presente las dudas porque las normas del texto legal no serían interpretativas, sino que incidirían en facultades del Ejecutivo.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida mantener, desde 2017, la publicación de una deuda que no está en mora.
