El máximo Tribunal anuló la sentencia en aquella parte que condenó a los acusados César Rojas Gaete y Cristián Gutiérrez Martínez por fraude al Fisco al considerar que no eran funcionarios públicos a la época de los hechos.
No hay antecedentes que den cuenta que efectivamente haya sido la recurrida la que ha efectuado los hechos denunciados, como tampoco que Carabineros se haya negado cursar las denuncias.
Refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil en su labor de protección del orden público.
El actor alegó que el CPLT, al entender justificada la negativa a entregar los antecedentes requeridos dada su inexistencia, contrarió sus propios instructivos; argumento que fue desechado, por cuando el reclamo debe basarse en una infracción de ley.
Lo anterior corresponde al ejercicio de la función de la Contraloría de revisar la legalidad de los procesos sumariales en su totalidad, una vez resueltos los recursos previstos en las normas que rigen al personal de las Fuerzas Armadas, y de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público. (Artículo 160 de la Ley 18.834).
El Departamento de Análisis Criminal no cuenta con esos datos. Sin embargo, el CPLT le recomendó a la Institución mejorar sus sistemas informáticos con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la información en futuras presentaciones, en virtud de existir proyectos que regulan la materia y otorgan facultades a sus funcionarios para retirar vehículos.
Se debe analizar con especial cuidado las situaciones en que, bajo una aparente normatividad neutral, se esconden estereotipos de género que perjudican el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
Derivó la petición a la Dirección General de Movilización Nacional y al Ministerio de Defensa para que expliquen los motivos de porque existe una sola Comisaria encargada del control de armas en la Región Metropolitana.
No se advierte contaminación por parte del tribunal en la valoración de la prueba que diga relación con una posición política y social.
El requirente estima que la medida aplicada afecta su garantía a un debido proceso.
