La sentencia determinó declarar improcedente el requerimiento de inaplicabilidad, acorde con los antecedentes allegados al proceso con posterioridad a su admisibilidad y conforme con los previsto en el artículo 84, inciso primero, N°5, de la LOCTC, ya que ambas disposiciones ya han recibido íntegra aplicación en el proceso de que se trata, agotando sus efectos.

El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada el pasado 11 de marzo por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que dispuso dejar sin efecto la cautelar de prisión preventiva.

El Tribunal de alzada acogió la apelación deducida por el Ministerio Público y revocó la resolución dictada el 7 de enero pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco.

El Tribunal descartó responsabilidad del Estado en la conducta delictiva desplegada por el exoficial, quien fraguó un mecanismo de defraudación de diversas entidades bancarias y financieras, entre 2013 y hasta noviembre de 2014, periodo que ocupó la jefatura del Comando de Bienestar del Ejército.

El actor señala que, señala que, la conducta del requerido, tiene la apariencia de la figura delictiva del cohecho.