Funcionarios de Carabineros condenados por el delito de cohecho, instaron en el libelo de forma principal, por su absolución e inocencia, y en subsidio, por una condena menor; peticiones contrapuestas que no se condicen con un recurso de derecho estricto.
El Tribunal de alzada rechazó la acción impetrada por considerar que las conductas que se atribuyen a Mulet Martínez no revisten la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo del fuero que lo resguarda.
De los antecedentes acompañados por la nación trasandina, se desprende que el delito imputado se encuentra prescrito en nuestro país, ya que fue presuntamente cometido entre los meses de julio a agosto del 2014, excediendo el plazo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal.
El magistrado acogió el plazo de investigación propuesto por la Fiscalía y, dado que el imputado tiene fuero parlamentario, no se solicitaron medidas cautelares en su contra.
Lo que la Corte debe dilucidar consiste únicamente la forma en que la sentencia cuestionada apreció la prueba y no el mérito de la misma, pues este último examen, es propio de una apelación.
El fallo concluye que en razón del artículo V del tratado de extradición entre ambos Estados, el delito prescribió luego de transcurridos 5 años.
La argumentación expuesta en el fallo absolutorio carece de lógica y racionalidad.
Cualquier acto corrupto se constituye en un claro obstáculo para el desarrollo de toda la comunidad.
García Carreño actuó como “comisionista”, al encargarse entre septiembre de 2018 y junio de 2019, de “contactar a personas que necesitaran un pasaporte o cédula de identidad falsos, haciendo las coordinaciones necesarias para que fueran a determinadas sedes del Registro Civil y fueran atendidas por los funcionarios con quienes existía el acuerdo.
El Tribunal consideró que los antecedentes aportados por la defensa no hacen variar las circunstancias que se tuvieron a la vista al decretar la prisión preventiva de Aguilera Sanhueza, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
