Concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5.1), garantías judiciales (artículo 8.1) y protección judicial (artículo 25.1), establecidos en la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de familiares.

Este procedimiento tiene como fin llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda.

Los exámenes médicos confirmaron la violación y que Georgina Gamboa estaba embarazada y su hija nació en octubre de 1981. Georgina denunció en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violación sexual y tortura, pese a recibir amenazas de muerte por ello.

En su Informe de Fondo, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la vida de Julio García Romero; en particular constató que el uso de gases lacrimógenos no cumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la operación no fue regulada, organizada, ni controlada con el objeto de proteger a las personas manifestantes.

El Compendio tiene como objetivo visibilizar los principales avances y medidas adoptadas por los Estados miembros de la OEA durante el año 2022, para cumplir las recomendaciones y decisiones que la CIDH ha emitido a través de sus diferentes mecanismos. En el se destacan buenas prácticas que pueden servir de guía para que más Estados avancen en la implementación adecuada y efectiva de recomendaciones y decisiones

La CIDH observa con preocupación que, a la fecha, 8 sacerdotes permanecen privados de libertad. Entre ellos, el monseñor Rolando Álvarez, quien se encontraría en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo.

Si bien la imposición de la pena de muerte no está prohibida per se en la Declaración Americana, la CIDH ha reconocido de forma sistemática que la posibilidad de una ejecución en tales circunstancias es lo suficientemente grave como para permitir el otorgamiento de medidas cautelares a los efectos de salvaguardar una decisión sobre el fondo de la petición presentada.

Según los antecedentes recabados, ambos opositores murieron en un accidente de tránsito provocado por agentes estatales. Si bien las autoridades cubanas atribuyeron toda la responsabilidad del hecho al conductor, las investigaciones que rodearon el caso fueron duramente cuestionadas dado el secretismo con que fueron llevadas.

Además de la indefinición de la situación de la niña, ella se encontraría alejada de su madre biológica, sin que esta tenga conocimiento del lugar exacto en el que se encontraría, y ya habrían trascurrido 3 años sin un relacionamiento efectivo con la niña en un proceso judicial que aún no tiene sentencia. Por otro lado, tampoco existe información que permita indicar que la situación en la que actualmente se encuentra la niña derivaría como resultado de su interés superior.

Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos ya proporcionó los informes remitidos por el Ministerio de Justicia a la ACNUDH, en el marco de sus recomendaciones por el estallido social del 2019.