El Estado argentino habría incurrido en presuntas violaciones de los derechos a la vida, integridad personal y protección a la niñez, así como a las garantías procesales y protección judicial, en relación con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión afirma que se ha observado con preocupación que aquellas personas trans que ostentan cargos de la función pública sufren violencia política, agravada por sus identidades y expresiones de género, incluso dentro de los órganos parlamentarios o instituciones públicas.
En las audiencias de país de la CIDH, se discutieron diversas temáticas. Sobre Chile, se trataron los derechos de las personas sordas; respecto a Colombia, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas y reparación de víctimas del conflicto; acerca de Cuba, derechos de quienes participan en misiones médicas y libertad de asociación; relativo a Ecuador, justicia indígena; con relación a Estados Unidos, impactos de la explotación del uranio en pueblos indígenas; en cuanto a Honduras, desalojos de comunidades indígenas, negras y campesinas.
Las recientes amenazas en contra de los propuestos beneficiarios, permiten evidenciar la posibilidad de que, de manera inminente, estos afronten nuevos hechos de riesgo. En consecuencia, la Comisión advierte sobre la necesidad de que se adopten medidas de protección inmediatas, así como que se efectúen las medidas de concertación correspondientes.
Entre los desafíos pendientes identificados por la Comisión se destacan medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo la jurisdicción indígena originario campesina, así como los derechos del pueblo afroboliviano. Además, se notan los retos para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias y de género diverso e intersex.
La Resolución incorpora los principios aplicables de manera transversal a todas las acciones que involucren la participación de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la CIDH. Asimismo, desarrolla las medidas necesarias para la implementación de esta resolución, de manera progresiva, en el transcurso de la ejecución del Plan Estratégico 2023-2027.
La comisión realizará un “diagnóstico” y planteará propuestas de reformas a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los reglamentos y estatutos de la CIDH y la Corte IDH, buscando que se garantice “su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
Concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5.1), garantías judiciales (artículo 8.1) y protección judicial (artículo 25.1), establecidos en la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de familiares.
Este procedimiento tiene como fin llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda.
Los exámenes médicos confirmaron la violación y que Georgina Gamboa estaba embarazada y su hija nació en octubre de 1981. Georgina denunció en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violación sexual y tortura, pese a recibir amenazas de muerte por ello.
En su Informe de Fondo, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la vida de Julio García Romero; en particular constató que el uso de gases lacrimógenos no cumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la operación no fue regulada, organizada, ni controlada con el objeto de proteger a las personas manifestantes.
