El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ordenó la restitución del terreno al aplicar en la especie la ley de fomento protección y desarrollo de los pueblos indígenas.
En este predicamento, las imputaciones de desacato a lo dispuesto en los artículos denunciados en el arbitrio no pueden por sí solas servir de apoyo idóneo al remedio recursivo que se examina, por ser una condición fundamental de éste que el yerro jurídico invocado influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo, exigencia que no se cumple en la especie.
El presidente, actuando en tal calidad, obstruyó el libre tránsito y acceso hacia la empresa, y extorsionó a la actora para obtener bienes a cambio de permitir su funcionamiento normal.
El máximo Tribunal mantuvo la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que acogió excepción de falta de legitimación activa de la demandante.
La resolución de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA es una declaración de juicio, por lo que no puede tener la aptitud de vulnerar un derecho fundamental.
La obtención de personalidad jurídica de las comunidades indígenas no deviene de un acto en concreto dictado por la administración del Estado, sino que tiene su origen directo en la Ley.
El máximo Tribunal ordenó la detención de la obra que impulsa la empresa Andex Minerals SpA y que se encuentra a solo 20 metros de una zona protegida.
La Corte Constitucional de Colombia confirmó parcialmente la sentencia dictada por un juzgado de El Espinal que concedió el amparo al derecho de petición de los recurrentes.
Las poblaciones indígenas merecen una especial protección constitucional ante las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentran actualmente.
La consulta previa debe ser promovida siempre que exista una intervención directa, sea o no ambiental, en una comunidad.
