Las relaciones internacionales dentro de lo que hace parte la política de nombramiento de las personas en comisión, no son susceptibles de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo cuando se trate de un reclamo de daños y perjuicios, que convertiría el asunto en uno civil de hacienda, que no es el caso.

En la determinación del quantum se debe valorar la intensidad del daño y no se pueden desconocer las circunstancias fácticas accesorias de la conducta dañosa. No puede soslayarse que la duración de la privación ilegítima fue de cuatro días, aspecto que debe ser tomado en cuenta al fijar la indemnización en forma prudencial.

En las democracias, los medios de comunicación no tienen un papel simplemente pasivo respecto a la libertad de expresión; no se limitan a ser víctimas de los atentados contra esta libertad. Tienen por el contrario una gran responsabilidad y poder al ser los vehículos naturales para que las libertades comunicativas sean una realidad. Sirven al desarrollo de los procesos democráticos formando una ciudadanía bien informada, que conozca sus derechos y sus obligaciones.

El concepto del ius variandi abusivo se presenta cuando el empleador excede los límites que posee en el uso de su facultad para variar las condiciones laborales de sus trabajadores. Su interés se centra en aquellas modificaciones que son abiertamente arbitrarias pues lesionan el derecho a la estabilidad laboral.

La recurrente, como cualquier persona, goza de un derecho fundamental a disfrutar su vida y a soportar dignamente la enfermedad que padece, tiene el derecho a pasar sus últimos meses de vida disfrutando de la totalidad del dinero que es de su propiedad y que ahorró por muchos años.

El protocolo fue adoptado en base al momento epidemiológico que afecta al país, habida consideración de las recomendaciones entregadas por la OMS y la CIDH.

La sentencia está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con los estándares internacionales ambientales exigibles.

La edad máxima de vacunación establecida en el Programa Nacional de Vacunación sólo se sustenta en motivos económicos que no pueden prevalecer por sobre el derecho a la salud.