La excepción de veracidad permite que terceros puedan denunciar delitos sexuales y contra la libertad sin incurrir en responsabilidad penal por injurias y calumnias.
La conducta de la recurrida omite el deber de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres, así como también provoca victimización secundaria en la actora.
El caso se originó tras la decisión de tribunales nacionales de Barbados de absolver a un hombre por el delito de violación, bajo el argumento de que un hombre no puede ser acusado por violación cuando la víctima es otro hombre, pues el cargo aplicable sería la llamada «sodomía» (buggery), la cual persiste en la legislación nacional. Siguiendo ese entendimiento, la victima también podría ser criminalizada desconociéndose la violencia sufrida.
La propuesta que se analiza contempla modificaciones legales para abordar la violencia hacia la mujer principalmente en relación a los siguientes ámbitos: plazo de prescripción de estos delitos, creación de un nuevo tipo de penal de incitación al suicidio, ampliar la atención que brinda la División de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público, y establecer distintas medidas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de los delitos más graves que impliquen violencia hacia la mujer.
La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que ratificó el criterio del Senado respecto de diversas materias.
La iniciativa tiene como idea matriz eliminar la referencia a que la víctima sea menor edad, y a su vez, establecer que no será considerada la edad de la víctima para calificar a la acción penal como imprescriptible respecto de los delitos sexuales.
Sobre la iniciativa se pronunciaron con opiniones contrarias entre sí los abogados Gabriel Zaliasnik y Juan Pablo Hermosilla, junto al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto en general.
La Ley de Prevención de Delitos de Agresión Sexual del país asiático, que dispone LA facultad de ordenar que sean sometidos a un tratamiento en un centro hospitalario psiquiátrico después de completar su condena, si una evaluación médica concluye que existe peligro de reincidencia.
Al cumplirse un año de la muerte de Antonia Barra.
